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Contexto político y los tiempos del movimiento

Las características básicas de todo movimiento de protesta son: diversidad de actores que los configuran, surgimiento alrededor de una o varias demandas que se generalizan en espacio y tiempo, buscan constituirse en interlocutores conjuntamente o no con otras colectividades frente una determinada forma de dominio político que se arroja el derecho cuasi absoluto del monopolio del poder. La forma de ese poder determinará un contexto que, en última instancia determina los alcances de las demandas del movimiento, la diversidad de las velocidades de las negociones entre los actores que lo configuran y las eventuales negociaciones con el poder que este enfrenta. En tal sentido, la marea verde tiene ante sí una realidad o contexto político que lo obligará a hacer política: negociar.

Sí, negociar, aunque para muchos esta sea una mala palabra, en los encuentros de las diversas instancias en que discurre el breve, pero increíblemente promisorio tiempo de esta nueva etapa del movimiento de protestas contra el gobierno, en las discusiones entre sus dirigentes y militantes sobre los tiempos del calendario de sus luchas para decidir hacia dónde y cómo dirigirlo, en esencia lo que se hace es política y negociar. En ese calendario, según algunos dirigentes, del movimiento en la presente etapa la principal tarea de este es lograr el fin de la corrupción y la impunidad, comenzando con la sanción ejemplar a los principales implicados en los sobornos y sobrevalorizaciones de la Odebrecht del sector público como del privado.

Enfrentar esa etapa significa ser consciente de que, por sus características y origen, este gobierno se negará a toda negociación que implique el desmonte de la estructura que le sirve de base: la corrupción y la impunidad. Sus principales cabezas apuestan al cansancio y/o perdida de fuelle del movimiento, pero no todos son tan estúpidos para que algunos no se den cuenta que después del pasado 22 de enero y del tsunami Odebrecht, este país no es ni será como antes y que están obligados a dar respuesta a las demandas de la Marea Verde. El problema es que ninguno de los dos jefes/facciones: Danilo y Leonel, están en grado de dar esa respuesta y en la búsqueda de esta, tarde o temprano podrían despuntar sectores del poder que entienden la gravedad de la situación e impongan cierto tipo de negociación.

Es la lógica que suele producirse cuando emergen movimientos contra gobiernos fuertes y cuando las organizaciones políticas que se les oponen carecen de fuerza suficientes para superarlos. Esa lógica parece haberse creado en el país, y si el movimiento quiere agotar la primera etapa como algunos plantean: fin de la corrupción y la impunidad, o plan A, deberá manejarse en la lógica discusión/negociación para tal fin y preparar un generalmente inevitable plan B. La mejor manera de lograr ese plan A, es a través del fortalecimiento y expansión de las acciones de protestas en espacio y tiempo, de lo cual están conscientes. El discurrir del plan A determinará el abordaje del B, como generalmente indican las experiencias y los principales dirigentes de movimientos de protestas en otros países contra gobiernos autoritarios.

Estamos frente a una crisis gobernabilidad política y eso no parece entenderlo un grupo político acostumbrado a reinar teniendo como interlocutor privilegiado a un sector mayoritario de la oposición, el PRM, que parece que tampoco ha sabido sintonizarse con los reclamos de los tiempos: cero cohabitaciones con políticos que de la corrupción han hecho su modo operandi. Vastos sectores del PRM participan de las marchas, enteros comités provinciales participan de ellas, en breve, son parte del movimiento. Pero ese partido, como tal, está obligado a definir su estrategia frente a este gobierno desde la perspectiva de las demandas y tiempos del movimiento, independientemente del sospechoso cerrazón de gente de su propia organización y del sectarismo de determinados sectores del movimiento.

El contexto político no es simple y de más en más parece delinearse en el país la necesidad de cambio de régimen a través en un proceso que en esencia sería de transición hacia una forma política basada en la transparencia y en la existencia de un nuevo liderazgo al frente de las instituciones del Estado fundamentales, entre otras, en el Ejecutivo, los municipios y distritos municipales y en el parlamento. Como en toda transición, las discusiones y negociaciones se hacen entre los componentes del espectro opositor y estos, unidos, con el poder a desplazar. Es la lógica de toda transición frente a poderes que las circunstancias y tiempos determinan el final de las características fundamentales de su forma de dominación.

Mientras más se reflexione y discuta sobre estos temas en diversos escenarios, menos tiempos y costes habrán de pagarse por la transición, porque no hay crisis que no termine con negociaciones entre las partes enfrentadas y al mismo tiempo al interior de cada una de esas partes. Cómo abordarla es la cuestión.

César Pérez
Sociólogo y profesor universitario

 

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