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Puerto Rico solicita bancarrota en tribunal federal de EEUU

SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobierno de Puerto Rico solicitó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la protección de bancarrota contenida en el Título III de la ley Promesa, ante varias demandas judiciales entablada por los acreedores.

Ricardo Rosselló Nevares.

El gobernante puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares explicó que tras conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros a los acreedores, no ha habido progreso por lo que no ha quedado otra salida que solicitar la quiebra para reestructurar la deuda pública de 74 mil millones de dólares.

«Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores’, dijo a los periodistas en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, acompañado de Elías Sánchez, su representante ante la JSF. Aseguró que el mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, siglas en inglés) alcanzado recientemente con los acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda asciende a 9 mil millones de dólares.

El presidente de la JSF, José B. Carrión III, explicó que el organismo determinó necesario que el gobierno puertorriqueño hiciera la petición voluntaria para proteger a los 3,5 millones de habitantes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración la medianoche del lunes de la moratoria contra litigios bajo el Título III de Promesa.

Aclaró que con esta petición no deben excluirse los esfuerzos para continuar las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda y establecer acuerdos consensuados con los acreedores.

‘Las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y se continuarán con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello, (por lo que) esto no representa el final de esas discusiones’, declaró Carrión.

Rosselló Nevares expresó que ante el déficit que heredó, es su responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

Indicó que durante la transición en diciembre de 2016 trascendió que el déficit gubernamental, que se dijo era de 3 mil 200 millones, alcanza realmente los 7 mil 600 millones.

El gobernador manifestó que su administración se propone cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales, tal como está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.

Esto representa un recorte de 80 por ciento en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por anteriores administraciones de gobierno.

‘Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes’, sostuvo.

PL

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