‘Esta ha sido una campaña de miedo’, dijo un ciudadano, que confirmó que no votará en lo que describió como una farsa.
Ante la impugnación pública que han hecho por separado el Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición; y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el gobernador Rosselló indicó que se trata de ‘un proceso democrático en donde todas las alternativas que distintos grupos han favorecido están en la papeleta’.
‘Vamos a ir a los foros internacionales para defender el argumento de la importancia de que Puerto Rico sea el primer estado hispano de Estados Unidos’, dijo al votar en la academia San José, en el vecino municipio de Guaynabo.
Mientras, la comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago, dijo que en el occidental municipio de Cabo Rojo el oficialista PNP estaba violando la directriz impartida por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE), Liza García Vélez.
‘Los funcionarios del PNP insistían en que votaran en ese colegio electoral ciudadanos debidamente inscritos en otra jurisdicción’, anotó Santiago a Prensa Latina.
La también vicepresidenta del PIP afirmó que se incurrió en otras irregularidades en el proceso de votación en las instituciones penales, donde ‘cientos de confinados fueron incluidos como votantes añadidos a mano sin que los funcionarios del PNP a cargo del proceso proveyeran la documentación que en ley se requiere’.
La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 deja margen a que se incurra en irregularidades, ya que impide el cotejo de los sufragios con la lista de inscritos, por lo que puede darse la particularidad de que en una mesa electoral aparezca una cantidad de votos superior a los electores.
Pese a que el padrón establece sobre 2,2 millones de electores, se espera una participación por debajo de los 700 mil electores, al tener en cuenta que muchos anexionistas no están de acuerdo con la forma atropellada en que se ha establecido el proceso, que no cuenta con el aval del Congreso de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia federal había solicitado al gobernador Rosselló que aplazara la consulta por unos meses hasta que se aprobaran las definiciones de estadidad (anexión), libre asociación/independencia y actual estatus territorial.
También advirtió que es falso que solo bajo la plena integración como estado 51 de la unión norteña se garantiza la ciudadanía estadounidense, impuesta a los puertorriqueños en vísperas de la Primera Guerra Mundial.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, carente de poderes soberanos ni control de su economía, que afronta una profunda crisis fiscal y una deuda de más de 73 mil millones de dólares.
