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Marcha Verde vincula a intereses privados con impunidad

NAGUA, República Dominicana.- La Marcha Verde denunció en Nagua, capital de la provincia María Trinidad Sánchez, que intereses privados se han aliado al gobierno para impedir que el caso Odebrecht sea el fin de la impunidad en República Dominicana.
En la Marcha Verde somos conscientes de los vínculos existentes entre varios de los integrantes de la comisión de Punta Catalina con los intereses de la empresa brasileña y de los privilegios inconstitucionales permitidos por el Gobierno a cambio de respaldo, aseguró.

Respecto al nombramiento del economista Jaime Aristy Escuder, a quien identificó como uno de los miembros de la comisión de encubrimiento de Punta Catalina, como administrador de las plantas, el movimiento alertó a la sociedad.

La población no puede dejarse engañar por las élites económicas, religiosas o sociales interesadas en lavar la cara a procesos legítimamente cuestionados y pendientes de una verdadera investigación penal, insistió.

Frente a los miles de manifestantes que recorrieron Nagua este domingo, el colectivo reiteró su demanda de investigación penal al proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con la empresa Odebrecht.

También aseguró que el acuerdo nacional conocido como Pacto Eléctrico no podrá llegar a feliz término si no cruza inexorablemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la rescisión del contrato con Odebrecht.

Asimismo la coordinación de la Marcha Verde en Nagua denunció que ‘la desviación de los recursos y fondos públicos hacia los bolsillos de los funcionarios corruptos ha evitado la solución de los principales problemas y necesidades de las ciudades y comunidades’.

Ejemplificó que la corrupción e impunidad han impedido la pronta terminación del hospital público de Nagua, así como la rehabilitación de los caminos vecinales que necesitan los productores agrícolas y el campesinado para cosechar sus frutos.

Tampoco ha sido posible la reparación de la carretera Nagua-San Francisco de Macorís, la terminación del malecón y el acceso de la comunidad a un servicio de energía eléctrica permanente y de calidad, denunciaron.

En cambio, los corruptos, abusando del poder, han reprimido a los movimientos sociales que exigen la solución a sus principales problemas, señaló la coordinadora.

Al respecto denunció los casos de represión en San Francisco de Macorís, donde asesinaron al joven activista social y dirigente estudiantil Vladimir Lantigua, y la violencia desatada en contra de los trabajadores cañeros.

PL

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