La decisión del tribunal fue vista como un triunfo para la administración del republicano, luego de los bloqueos que sufrieron en diferentes instancias legales del país los dos vetos de viajes impuestos anteriormente por el mandatario.
En una breve orden sin firma, el máximo órgano judicial instó este lunes a los tribunales de apelaciones que analizan demandas sobre el tema a actuar rápidamente para determinar si la última prohibición ordenada por el gobernante es legal.
La tercera versión del veto, emitida por Trump en una proclama en septiembre, impuso restricciones a los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia, Yemen, Venezuela y la República Popular Democrática de Corea.
De acuerdo con el diario The New York Times, en un par de presentaciones ante la Corte Suprema el procurador general del país, Noel Francisco, expresó que el presidente actuó bajo su amplio mandato constitucional y legal para controlar la inmigración.
Según el representante del ejecutivo, el proceso que condujo a la proclamación de hace tres meses fue más deliberado que los que dieron lugar a las de enero y marzo, y fue producto de un amplio estudio y deliberación.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles, en nombre de personas y grupos que impugnaron la prohibición, dijeron a los jueces que poco había cambiado con relación a las medidas previas.
Apuntaron que la decisión de septiembre es la tercera orden que el presidente ha firmado este año mediante la cual se prohíbe a más de 100 millones de individuos de naciones de mayoría musulmana venir a Estados Unidos.
El anuncio de la Corte Suprema se da a conocer después de que en octubre magistrados federales en Maryland y Hawái bloquearon partes principales del último veto.
‘Una prohibición de viajes basada en la nacionalidad contra ocho países que constan de más de 150 millones de personas no tiene precedentes’, escribió entonces el juez Theodore Chuang, del primero de esos estados, para quien la directriz presidencial estaba contaminada por animadversión religiosa.
A su vez, Derrick Watson, de Hawái, encontró que la proclamación de septiembre ‘sufre precisamente de las mismas enfermedades que sus predecesoras’ y agregó que ‘claramente discrimina sobre la base de la nacionalidad’ en violación de la ley federal y los principios fundacionales de Estados Unidos.
La administración apeló ambas decisiones ante tribunales federales en Seattle, Washington, y Richmond, Virginia, y los argumentos sobre esos procesos están previstos para esta semana.
