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Lo que cuesta el alto costo de la política

El tema del costo de la política, vale decir, de los políticos dominicanos es el más alto de toda la región, entre esos políticos, los legisladores se llevan la palma como los más privilegiados. Considerando sus salarios y sus beneficios colaterales, son los que más dinero perciben en toda esta región, y si consideramos el monto de las pensiones que se auto asignan, estos legisladores ganan más dinero que sus pares en algunos países europeos. Pero no son sólo los legisladores los funcionarios electos que disfrutan de escandalosos beneficios económicos, sino también la generalidad de los funcionarios municipales. Con ese sostenido dispendio de los dineros públicos y con ese tipo de funcionario no se construye una nación digna de ese nombre.

La semana pasada hubo una discusión alrededor de la repartición de dinero a los diputados, esta vez de 300 mil pesos en bonos para que los “repartieran” en sus demarcaciones con motivo del día de las madres, lo cual provocó el disgusto de varios legisladores porque se dieron en bonos y, según otros, porque dicha suma no correspondía con 700 que se distribuían antes en la referida fecha. Justificándose, el presidente de la Cámara de Diputados decía que esta vez se dieron bonos y no dinero en efectivo, como si esos bonos no eran una forma de dinero para comprar y, además, también vendibles; diciendo también que antes el monto a repartirse era mayor.

Ese episodio, insólito en cualquier país normal, por su desfachatez, es una simple muestra de porqué aquí la política es extremadamente cara y porque se requiere tanto dinero para obtener la nominación por un partido para ser congresista o funcionario municipal. Pero lo que es más grave de este episodio, en términos político/institucional, es que las direcciones de los partidos mayoritarios ni se inmutaron, no lo condenaron de manera oficial. En fin, piensan, también sus elegidos deben recuperar el dinero invertido para sus nominaciones. Los legisladores que de plano rechazaron el dinero deben ser reconocidos, pero son una minoría tan exigua que su gesto queda como un intrascendente testimonio.

Pero, no son los funcionarios elegidos por voto popular los únicos que con sus privilegios encarecen la política, también la encarecen los altos funcionarios nombrados por el poder ejecutivo en diversas instituciones del Estado. Ahí están los escándalos como el ya olvidado auto aumento salarial de los miembros de la Cámara de Cuentas, acto condenado por Participación Ciudadana, la cual pide que esa institución sea sometida a un juicio por haber violado el artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre la Regulación Salarial del Estado dominicano. Otra forma de privilegio que encarecen la política son las jubilaciones discrecionales de muchos altos y medianos funcionarios, cuyos montos los envidian altos funcionarios de países altamente desarrollados. Esos funcionarios son nombrados por el ejecutivo y los legisladores para pagarles favores.

Esos pagos de favores, en gran medida, determinan el encarecimiento y/o la falta de calidad de los servicios básicos que deben ofrecerse a toda la población. Con esos legisladores depredadores, que nombran funcionarios igualmente depredadores, es imposible construir un país con una democracia de calidad aceptable. Tenemos un legislador por cada 45 mil habitantes y lo que cada uno de ellos gana en un mes es equivalente a lo que gana un trabajador de sueldo mínimo en casi 30 meses y por eso, dentro de las reformas que debe hacerse en este país no solamente debe plantearse el tema de cuánto nos cuesta política en sentido general, el alto costo de los legisladores y de las autoridades municipales en particular, sino tambiú la sobre representación de éstos en las instancias congresuales y municipales.

Reformas que limiten esos vicios no salen de un Congreso integrado por el tipo de legislador que nos gastamos. Para erradicar los escándalos, la ineficiencia y la vergüenza en que discurren las distintas legislaturas del Congreso dominicano es necesario cambiar ese caro y nada funcional sistema bicameral que tenemos, cambiar de cuajo la forma de elección y de representación tanto de los legisladores y de las autoridades municipales. Esto plantea un cambio en la concepción sobre las funciones del Congreso y de los municipios, no sólo de los grandes partidos sino también de aquellos pequeños que se reclaman alternativos.

César Pérez
Sociólogo y profesor universitario

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