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ABRIR!…Decisión del Juez ante traspiés de un Ministerio Público “Sofocado”

Más que faltas morales o éticas generales, pueden constituir acciones penadas por la ley. No creo que carezcan de la contundencia exigida para tener categoría de infracción, pues lo mostrado y observado por muchos, es más que un acto contra el pudor. Bien pudiera resultar en tipificación penal, atentado grosero contra disposiciones que atañen a la protección del menor, a la mujer; diversas las violaciones, medioambientales, municipales u otras tropelías más pesadas que pueden ir revelándose, cuestiones que quizás dentro de una estricta investigación pudieran comprobarse y que usualmente subyacen al ejecutarse actos en la vía pública que visiblemente son incorrectos.

El Estado esta compelido en mantener el orden legal, luchando continuamente contra la anarquía que le ataca, aun cuando por momentos aprecie que en el Bani de hoy, como en muchas ciudades, el gusto por el orden ha sido desplazado por las preferencias de un paladar social que insinúa que opta por bullicio, barullo, alboroto y caos.

En todo caso, cuando se advierten comportamientos repugnantes, reprobables, socialmente indignantes y que igual apuntan hacia la comisión de infracciones, el Estado debe poner su maquinaria dispuesta al trabajo, pero con diligencia, dedicación, esmero, sometiendo todo al rigor jurídico para que su acción resulte verdaderamente eficaz. Hace años se estableció un nuevo paradigma en el procesamiento, persecución e investigación de los crímenes, delitos o simples infracciones. La figura del Ministerio Público adquirió funciones estelares dentro del proceso, dejando de ser un mero tramitador del juez para convertirse en el motor de la acción penal y también en representante apto, utilitario, capaz, efectivo e inequívoco de la sociedad, por lo que siendo el fiscal el director de la investigación, no debería y en ningún caso, dejarse conducir por la prisa de quienes exigen la agilización de ¨procedimientos¨ y ¨resultados¨. Debe sí actuar con admirable prontitud, pero atento, verificar cuáles son sus potestades en el instante que interviene y cumplir con el debido proceso, saber que “El Estado y la Administración Pública, en definitiva, pueden hacer solo aquello que el Derecho les permite, esto es, pueden hacer solo aquello para lo cual han sido habilitados por este. […] La Administración Pública requiere de un otorgamiento previo y expreso de las potestades administrativas para poder detentarlas […] Sin una habilitación expresa previa que impute el otorgamiento de una potestad, la Administración Pública se encuentra en la prohibición de obrar”. La Constitución no confiere potestad sancionadora a todas las Administraciones, sino que se refiere aquella “establecida por las leyes”.

Serenarse, conviene siempre al funcionario público investigador y no apresurarse, por pensar en el fotuto implacable que desacredita, pues debe tener en cuenta que la conducta moralmente despreciable es absolutamente diferente a la acción prevista y sancionada por una ley, por lo que para juzgar y sancionar es preciso tipificar, someter a la jurisdicción competente y eso siempre conlleva de forma previa investigar y probar, lo cual constituye la obligación ineludible del Ministerio Publico, que no puede justificar un accionar contrario y tampoco evadir la critica cuando su ejecución no ha llenado las exigencias de ley ni las expectativas sociales que piden la precisa intervención y eficaz accionar.

Es en el código que se establecen las condiciones para homologar el crimen, el delito, la contravención, y suponemos siempre que el Ministerio Publico lo conoce más que el resto, que domina el procedimiento, el debido proceso, la tutela que cuida para que nadie pueda escaparse de la pena hurgando en los entresijos jurisprudenciales. El ministerio público está obligado actuar ante la comisión de hechos punibles, pero siempre como se debe, con capacidad, al nivel que amerita las circunstancias, sin ligereza jurídica censurable que pone entredicho su saber, sin tomar como su elemento de condena la opinión sobre las imputaciones y sus consecuencias, esa que ocupa la tertulia en las redes o en los ¨colmadones¨ que son también de proceder infractor y que desde hace tiempo han debido ser imputados por las autoridades ¨competentes¨, que bien ahora y repentinamente son ¨reclamantes y están espantadas¨. La historia sirve para muchas cosas. En primer lugar para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. Esto es lo que nos va a permitir saber a dónde vamos. En segundo lugar nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado.

Lo ocurrido en el ¨Sofoque¨ tiene responsablemente mi particular rechazo, mi total condena, pero continúa preocupándome como, igual que tantos otros que infringen leyes, pueden escabullirse por el proceder equivocado del Ministerio Público. No debe reiterarse en predicamentos errados e interpretaciones de la ley divulgadas hasta el hartazgo por la osadía indocta, iletrada (de la que muchos se benefician), porque al fin y al cabo, terminará todo como ha estado ocurriendo, sin sanción necesaria y quedándonos solo con las soflamas panfletarias que pretenden sustituir el orden establecido. El ministerio público sabe cómo debe producirse, como se construye y se logra, jurídicamente hablando, la sanción penal contra el infractor, eso que verdaderamente le interesa, importa y conviene a la sociedad, por eso debe de actuar siguiendo, entre otras cuestiones, el principio de legalidad que la constitución impone para no perder luego el caso ante el juez y lograr las penas condignas ante la burla, el descaro y la infracción que verifica.

La liviandad del ministerio publico desacraliza el proceso y el juez penal, así lo asume. Por eso, en el caso ¨Sofoque¨ el juez cumple sin proponérselo con la aclamación popular escuchada en aquellos instantes de aquel tumulto meridiano, ¨que lo abran!, que lo abran!¨. Comprendo el ¨empujón¨ que pudo recibir y sentir el magistrado, pero no podía engullir su experiencia y templanza, esa que uno supone adquirió en estrados más competitivos.

El fiscal no cuenta, dentro del proceso penal, con potestad sancionadora, pues esta se encuentra sometida a una serie de exigencias constitucionales que cabe destacar; la interdicción de sanciones que impliquen privación de libertad, de afectación económica, el respeto a los derechos de defensa, la subordinación a la autoridad judicial y la legalidad que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora. La sede constitucional lo ha definido, estas exigencias normativas se fundamentan en que ese tipo de acciones constituyen limitaciones al derecho de propiedad. A este respecto, conviene tomar en consideración el razonamiento al precisar que […] las sanciones que impliquen la privación de la propiedad de un bien de una persona sólo pueden ser declaradas por los jueces, no sólo por expreso mandato constitucional, sino porque llegan a desconocer el contenido esencial de un derecho constitucional, como la propiedad¨. La situación jurídica que estaba planteada, obliga al fiscal hacer indagatorias, abrir un proceso y ¨ tiene la obligación de apoderar un tribunal para que conozca de la acusación […] y se determinen las responsabilidades correspondientes, si la hubiere […, pues en cuanto al debido proceso, se debe señalar que este se compone de un plexus de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento judicial, espacios en los que opera como mecanismo de protección para la autonomía y la libertad del ciudadano y también como límite al ejercicio del poder público. En ese sentido, conviene también tomar en consideración el criterio externado al respecto por la Corte Constitucional de Colombia al dictaminar: […] el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y necesaria cobertura de la potestad sancionadora. La sede constitucional lo ha definido, estas exigencias normativas se fundamentan en que ese tipo de acciones constituyen limitaciones al derecho de propiedad. A este respecto, conviene tomar en consideración el razonamiento al precisar que […] las sanciones que impliquen la privación de la propiedad de un bien de una persona sólo pueden ser declaradas por los jueces, no sólo por expreso mandato constitucional, sino porque llegan a desconocer el contenido esencial de un derecho constitucional, como la propiedad¨. La situación jurídica que estaba planteada, obliga al fiscal hacer indagatorias, abrir un proceso y ¨ tiene la obligación de apoderar un tribunal para que conozca de la acusación […] y se determinen las responsabilidades correspondientes, si la hubiere […, pues en cuanto al debido proceso, se debe señalar que este se compone de un plexus de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento judicial, espacios en los que opera como mecanismo de protección para la autonomía y la libertad del ciudadano y también como límite al ejercicio del poder público. En ese sentido, conviene también tomar en consideración el criterio externado al respecto por la Corte Constitucional de Colombia al dictaminar: […] el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. El Tribunal Constitucional Dominicano ha señalado que el principio de legalidad es uno de los pilares del estado constitucional de derecho, de la seguridad jurídica, del cual no están exentos los poderes públicos, y que su finalidad es que las personas tengan, de antemano, conocimiento de cómo deben conducirse, qué pueden o no hacer, cuál será la consecuencia de su acción u omisión y a qué se van a enfrentar en caso de no actuar conforme a un determinado precepto legal, pues la ley, al acordar una pena, tiene como propósito evitar lesiones de derecho, por acogerse la amenaza que entraña el anunciado castigo. . Asumir facultades que no se tienen y la violación de las garantías del debido proceso en cualquier procedimiento puede provocar que la decisión adoptada en un momento por funcionario público de cualquier instancia, aunque pueda parecer que es la buena y la que corresponde, llevan hacia el cuestionamiento por actuar no conforme a la ley y provoca la revocación o nulidad del acto.

Todo el funcionariado público lo conoce, jurisdiccional o no, pues sabe que el exceso de poder es una actuación administrativa que se encuentra fuera de sus competencias, las cuales le han sido asignadas por la ley y cuando excede su ámbito en ello incurre. Nuestra legislación penal lo indica, la ley 107-13 refuerza el criterio y prevé como una causa de nulidad absoluta el acto administrativo dictado de manera manifiestamente incompetente, pues ordenar como condena administrativa un cierre prolongado en plazos sin pasar por el tamiz de apreciación de un juez, aunque sea deseado por quien suscribe y por todos, es ante la ley una violación grosera, ostensible y grave, nos guste o no, pues evidencia ausencia del presupuesto factico de la competencia, además del debido proceso y de la tutela efectiva prevista en nuestra constitución.

La sede constitucional estableció el criterio del exceso de poder[1]  ¨En consecuencia, los representantes del Ministerio Público, tanto del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, como de la Procuraduría Fiscal de San Juan de la Maguana, incurren en exceso de poder, al subrogarse derechos que no le otorga la ley¨. En ese sentido, el Ministerio Público es un ente del sistema de justicia encargado de la dirección de la investigación, y en aplicación del artículo 169 párrafo I, de la Constitución, es su obligación la de garantizar “los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas”, por lo que sus actuaciones serían dirigidas no para inaplicarlas, como ocurrió, sino para garantizar los derechos fundamentales¨, y de todos los ciudadanos para lograr una efectiva justicia y una verdadera condena por las infracciones que resulten probadas, pues lo que requiere y espera la sociedad es sanciones justas y con cabal cumplimiento de la ley. Importante precisar que el exceso de poder no es lo mismo al concepto del desvió de poderes, en el cual la administración si actúa en el ámbito de su competencia, pero se aparta del fin de la misma.

El fiscal no cuenta, dentro del proceso penal, con potestad sancionadora, pues esta se encuentra sometida a una serie de exigencias constitucionales que cabe destacar; la interdicción de sanciones que impliquen privación de libertad, de afectación económica, el respeto a los derechos de defensa, la subordinación a la autoridad judicial y la legalidad que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora. La sede constitucional lo ha definido, estas exigencias normativas se fundamentan en que ese tipo de acciones constituyen limitaciones al derecho de propiedad. A este respecto, conviene tomar en consideración el razonamiento al precisar que […] las sanciones que impliquen la privación de la propiedad de un bien de una persona sólo pueden ser declaradas por los jueces, no sólo por expreso mandato constitucional, sino porque llegan a desconocer el contenido esencial de un derecho constitucional, como la propiedad¨. La situación jurídica que estaba planteada, obliga al fiscal hacer indagatorias, abrir un proceso y ¨ tiene la obligación de apoderar un tribunal para que conozca de la acusación […] y se determinen las responsabilidades correspondientes, si la hubiere […, pues en cuanto al debido proceso, se debe señalar que este se compone de un plexus de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento judicial, espacios en los que opera como mecanismo de protección para la autonomía y la libertad del ciudadano y también como límite al ejercicio del poder público. En ese sentido, conviene también tomar en consideración el criterio externado al respecto por la Corte Constitucional de Colombia al dictaminar: […] el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. El Tribunal Constitucional Dominicano ha señalado que el principio de legalidad es uno de los pilares del estado constitucional de derecho, de la seguridad jurídica, del cual no están exentos los poderes públicos, y que su finalidad es que las personas tengan, de antemano, conocimiento de cómo deben conducirse, qué pueden o no hacer, cuál será la consecuencia de su acción u omisión y a qué se van a enfrentar en caso de no actuar conforme a un determinado precepto legal, pues la ley, al acordar una pena, tiene como propósito evitar lesiones de derecho, por acogerse la amenaza que entraña el anunciado castigo. . Asumir facultades que no se tienen y la violación de las garantías del debido proceso en cualquier procedimiento puede provocar que la decisión adoptada en un momento por funcionario público de cualquier instancia, aunque pueda parecer que es la buena y la que corresponde, llevan hacia el cuestionamiento por actuar no conforme a la ley y provoca la revocación o nulidad del acto.

Todo el funcionariado público lo conoce, jurisdiccional o no, pues sabe que el exceso de poder es una actuación administrativa que se encuentra fuera de sus competencias, las cuales le han sido asignadas por la ley y cuando excede su ámbito en ello incurre. Nuestra legislación penal lo indica, la ley 107-13 refuerza el criterio y prevé como una causa de nulidad absoluta el acto administrativo dictado de manera manifiestamente incompetente, pues ordenar como condena administrativa un cierre prolongado en plazos sin pasar por el tamiz de apreciación de un juez, aunque sea deseado por quien suscribe y por todos, es ante la ley una violación grosera, ostensible y grave, nos guste o no, pues evidencia ausencia del presupuesto factico de la competencia, además del debido proceso y de la tutela efectiva prevista en nuestra constitución.

La sede constitucional estableció el criterio del exceso de poder ¨En consecuencia, los representantes del Ministerio Público, tanto del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, como de la Procuraduría Fiscal de San Juan de la Maguana, incurren en exceso de poder, al subrogarse derechos que no le otorga la ley¨. En ese sentido, el Ministerio Público es un ente del sistema de justicia encargado de la dirección de la investigación, y en aplicación del artículo 169 párrafo I, de la Constitución, es su obligación la de garantizar “los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas”, por lo que sus actuaciones serían dirigidas no para inaplicarlas, como ocurrió, sino para garantizar los derechos fundamentales¨, y de todos los ciudadanos para lograr una efectiva justicia y una verdadera condena por las infracciones que resulten probadas, pues lo que requiere y espera la sociedad es sanciones justas y con cabal cumplimiento de la ley. Importante precisar que el exceso de poder no es lo mismo al concepto del desvió de poderes, en el cual la administración si actúa en el ámbito de su competencia, pero se aparta del fin de la misma.

Con sensación de ahogo, con calor excesivo, fue manejado el asunto ¨Sofoque¨ y como era de esperar, quien constituía el infractor fue convertido en afectado, presentó la cuestión jurídica al juez y éste, ante los traspiés de un Ministerio Publico evidentemente ¨sofocado¨, decidió leer los textos constitucionales y luego, quizás, con la boca amarga, debió decidir el Juez en la forma que muchos no queríamos escuchar…. ABRIR!

El Ministerio Público, debe buscar siempre garantizar el debido proceso, la defensa de los derechos fundamentales, que se llegue a la verdad de los hechos, que dispute y obtenga la condena necesaria procurando sanción ejemplar y con ello resarcir la sociedad; en definitiva, se desea que el Ministerio Publico por la colectividad gane las contiendas jurídicas, pero que tenga claro que las batallas no se ganan con fuegos artificiales y sin exhibir disposición de soberanía; pues claro debe tener, que hay que emplazar la artillería de manera precisa y ejecutar oportuno movimiento procesal, porque prestando oídos aquellos que combaten en escenarios distintos al judicial, no tendrá tino.

Posdata: Otra vez sentí bajo mis talones el costillar de rocinante, volviendo al camino con mi adarga al brazo, mi pluma, pero yo solo creo en Jesús, que es la verdad única, infalible, inmutable, eterna, fuera de la cual no resta más que falsedad, errores, mentiras…Jamás lo sustituiré por la veneración de la Constitución, de ley del Congreso, ni por la jurisprudencia, pero estas últimas deben ser respetadas porque nos organizan en este tiempo, nos salvan de la arbitrariedad, nos conducen e impulsan a la efectiva justicia que ha de llegar hasta las condenas requeridas y solo a las que son merecidas, por estos instantes escribí, pues, SI LA LIBERTAD SIGNIFICA ALGO, ES EL DERECHO A DECIRLES A LOS DEMÁS LO QUE NO QUIEREN OÍR (George Orwell).

Sócrates David Peña Cabral
Abogado

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