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Miles de trabajadores boricuas reclaman su derecho a la salud

SAN JUAN, Puerto Rico.- Miles de trabajadores reclamaron hoy en esta capital su derecho a la salud, durante una manifestación de repudio a la política del gobierno de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Ricardo Rosselló cuando hacia entrega del nuevo plan de salud.

Los reclamos están dirigidos a exigir al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares que mantenga la aportación patronal a los más de 105 mil empleados públicos, que se verán perjudicados de materializarse la imposición de la JSF, organismo impuesto por Washington para garantizar el pago de la deuda de 73 mil millones de dólares a los acreedores de Wall Street.

‘Salimos a defender la salud de los más de 350 mil puertorriqueños que se verían afectados de reducir las aportaciones del plan médico por parte del patrono como lo ha propuesto la junta de control fiscal’, declaró Ángel Figueroa Jaramillo, en representación de los gremios afiliados a la Coordinadora Sindical.

Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), resaltó que demostramos una vez más que cuando nos unimos grandes cosas suceden, que luchamos hasta vencer y que defendemos a nuestra familia por encima de todo y todos.

El denominado Parrandón de los Trabajadores se desplazó desde la sede del Departamento del Trabajo hasta el edificio donde la JSF tiene sus oficinas, en la denominada Milla de Oro, en el sector bancario capitalino de Hato Rey, a unos 500 metros de distancia.

Los dirigentes sindicales pronunciaron mensajes declarando que la salud es un derecho universal y que lo defenderán de las propuestas de la JSF y del gobierno de Rosselló Nevares.

‘Ya nos han quitado días de vacaciones y por enfermedad y ahora, la junta de control fiscal nos quiere reducir los salarios por la vía de la aportación patronal al plan médico’, afirmó Israel Marrero, primer vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

Consideró que arrebatar el plan médico a los trabajadores es un atentado contra el derecho de sus familias a recibir los servicios de salud que necesitan.

Reducir la aportación al plan médico es un recorte inmediato al sustento de 350 mil personas, que agravará también más la economía, según Juan Cortés Valle, representante de las uniones adscritas a la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, quien exhortó a llevar un claro mensaje al gobierno y a la JSF, que estamos unidos como movimiento y no vamos a ceder la defensa del derecho a la salud de nuestras familias.

‘Es inaceptable que se pretenda pagar a los bonistas a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras que brindan los servicios al pueblo; tiene que parar el abuso y el atentado contra la salud de los servidores públicos’, ratificó el dirigente gremial.

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell M. Santana Andino, planteó por su parte que este es el inicio de la lucha que vamos a dar por la salud de nuestras familias.

‘Ningún trabajador o trabajadora se merece lo que están haciendo el gobierno y la junta fiscal de arrebatarnos el derecho a unos servicios de salud dignos, pues ya basta de cuadrar la caja a costa del pueblo, mientras siguen corriendo los millones en gastos para los amigos y donantes’, reclamó Santana Andino.

El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, se mostró satisfecho de la demostración, esperanzado en que la determinación evidenciada por la militancia sensibilice a los dirigentes del país y a los miembros de la JSF para que desistan de la atrocidad de reducir la aportación patronal al plan médico, ya que tornaría más precaria la existencia de las miles de familias de los empleados públicos del país.

Aunque los gremios de las corporaciones públicas tienen sus convenios colectivos, el gobierno de Rosselló Nevares acordó con la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley 26 de 2017 para reducir la aportación, lo cual certificó la JSF en el plan fiscal vigente.

En la práctica esta reducción implica una pérdida anual de 4 mil 200 dólares en el salario de cada trabajador, que deberá aportarlo de su bolsillo.

PL

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