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Municipios y Contrataciones Públicas

Nuestra carta sustantiva dispone que la Administración Pública, se encuentre sujeta a los principios de “eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado, y ordena que “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”. Se advierte que constitucionalmente toda la Administración está obligada al buen gobierno o a la buena administración, lo cual se ha concretizado en la ley orgánica No. 107-13 y esa buena administración implica que los que ejercen la Administración cumplan y respeten todos los principios que rigen la actuación administrativa. En el contexto del ejercicio de la potestad administrativa, existen los contratos administrativos, los cuales son el instrumento que permite a la administración contratar con los particulares, teniendo por objeto las concesiones de servicios u obras públicas, así como el uso y goce de las dependencias del dominio público del Estado por parte de particulares.

Como se advierte, la Administración tiene la capacidad de contratar con personas de derecho privado y es la Ley No 346-06 que establece los principios y normas generales que rigen esas contrataciones, indicando cuales son los sujetos obligados y los órganos del sector público sometidos al cumplimiento. En ese sentido, se encuentran dentro del ámbito de la norma, todas las instituciones del gobierno central; las instituciones descentralizadas y de autonomías financiera y no financiera; las instituciones públicas de la seguridad social; los ayuntamientos de los municipios y distrito municipal; las empresas públicas no financiera y financieras; y agrega la ley en su artículo 2, numeral 6 “cualquier otra entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos”.

Es decir, la “Administración local” debe obedecer los mandatos sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Todas las compras y contrataciones públicas realizadas con fondos públicos, sean estos obtenidos por las tributaciones, del Presupuesto General de la Nación, de financiamiento nacional o internacional, deben estar sujetas al principio de transparencia y publicidad en todas las etapas del proceso y sometidas a los órganos de control del Estado, la regulación y a las políticas que dicte la Dirección General de Contrataciones Pública (DGCP). Preciso reiterar que el artículo 31 de la Ley No. 176-07, dispone que son los ayuntamientos los entes administrativos que ejercen los gobiernos locales de los municipios existentes, por lo que en el contexto de la Constitución, los gobiernos generales de los municipios, conformados por los concejos de regidores, órgano supremo que establece las normativas, reglamentaciones y fiscalización que serán aplicables dentro de los municipios, y el ejecutivo, encargado de implementar esas normativas y reglamentaciones, son quienes se encuentran conjuntamente obligados en aplicar cabalmente todo el sistema de contrataciones públicas vigente en nuestro país, por lo que todos los acuerdos, pactos para concesiones de servicios u obras públicas, deben en la práctica conducir a una mayor divulgación de información, clara, oportuna, reutilizable, abarcando todo el proceso desde la planificación hasta la finalización de las obligaciones contractuales, en sus distintas modalidades de bienes, servicios, obras y concesiones, teniendo muy presente que en esta de bienes, servicios, obras y concesiones, teniendo muy presente que en esta materia, el órgano rector de las Contrataciones Públicas, tiene plenos poderes y facultades.

Los ayuntamientos se encuentran bajo control de la normativa e insistir en los principios que ella establece, es lo requerido, a saber: principio de eficiencia, de igualdad y libre competencia, de transparencia y publicidad, de economía y flexibilidad, equidad, responsabilidad, moralidad y buena fe, de reciprocidad, participación y razonabilidad; y dar cumplimiento cabal a la Ley 340-06 y seguirla de forma exacta es lo obligatorio, pues bien descritos están los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones y que vincula la escogencia de la modalidad a los umbrales que se determinan mediante un procedimiento singular. Las modalidades de selección son: Licitación Pública, Licitación Restringida, Sorteo de Obras, Comparación de Precios y Subasta Inversa.

Las cuestiones de publicidad son vitales, ya que el artículo 69 dispone que la comprobación de la omisión de los requisitos de publicidad en cualquiera de los procedimientos de selección establecidos en la ley y en el Reglamento, ofrece lugar a la cancelación o nulidad inmediata del procedimiento sin importar el estado de trámite en que se encuentre. Igual, como elemento esencial, están los pliegos de condiciones, pues “son los documentos que contienen las bases de un proceso de selección y contratación, en las cuales se indican antecedentes, objetivos, alcances, requerimientos, planos para el caso de obras, especificaciones técnicas o términos de referencia, y las demás condiciones que guían o limitan a los interesados a presentar ofertas”. Son allí donde se establecen las reglas del juego de un proceso de contratación pública. Es tal su importancia que el procedimiento de selección y el contrato resultante deben ajustarse a lo establecido en estos documentos.

Debe entenderse que la Ley núm. 340-06 regula una materia especial y de primer orden, como fiscalizar las compras y contrataciones pública. En modo alguno representa un atentado a la autonomía y la independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera de los municipios o distritos municipales, pues no se trata de establecer una esfera de control e injerencia desde el Poder Ejecutivo, sino que una entidad como la Dirección General de Contrataciones Pública (DGCP) actué bajo sujeción a la ley en procura de transparencia y que en todo lo posible pueda ser cumplido el objeto del interés público. Los municipios y distritos municipales, deben respetar el contenido esencial de la referida ley, pues eso no reduce su capacidad de autogobierno ni otras entidades obstaculizan el cumplimiento de sus funciones. Se mantiene la autonomía funcional, financiera, la potestad de planificar y establecer “las políticas, estrategias, metas y objetivos” que resulten necesarios para ejercer la función municipal en sus respectivas demarcaciones, con plena posibilidad para desarrollar las actividades y ejecutar los actos que den fiel cumplimiento a lo planificado, conforme a las competencias fundamentales que le ha asignado la Constitución, necesarias para que puedan realizar sus atribuciones de manera independiente y sin interferencias de ningún otro órgano o poder.
La Administración Pública y en ella, tanto Municipios como Distritos Municipales, quedan sometidos a la totalidad de las normas que integran el ordenamiento dominicano, debiendo asumir el rol de que sus actividades sean siempre transparentes y encaminadas a cumplir con su función esencial, que es servir adecuadamente a los munícipes y ciudadanos, procurando la satisfacción del interés público.

Referencias:

  1. Derecho Administrativo en la Jurisprudencia Constitucional Dominicana; Sigmund Freud Mena.
  2. TC/0097/13; TC/0009/15
  3. TC/0009/15.
  4. Artículos 138, 139, 146 y 147 de la constitución dominicana
  5. Ley No 346-06
  6. Artículos 199 y 201 de la constitución dominicana

Sócrates David Peña Cabral
Abogado y articulista

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