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FBI hurga sobre denuncias de corrupción en Legislatura de Puerto Rico

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SAN JUAN, Puerto Rico.- El jefe de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff, reiteró hoy que están detrás de los presuntos casos de corrupción en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

El funcionario policial estadounidense aseguró que en semanas recientes el FBI recibió información del público, cooperación de personas envueltas en esos delitos sobre empleados fantasmas en el Senado y la Cámara de Representantes, referente a personas que aparecen en nómina sin rendir labores.

Douglas se mostró confiado en que en poco tiempo presentará cargos criminales en el tribunal federal de Estados Unidos, en San Juan, sin precisar que entre los responsables figuren legisladores puertorriqueños.

Opinó que hubo dos instancias en las cuales los responsables fallaron al pueblo: cuando cometieron los delitos y cuando decidieron no cooperar, porque muchas personas han cooperado y vamos a procesar cargos que van a revelar mucho.

‘Hemos recibido información del público, de personas envueltas en esos delitos, por lo que confío que vamos a ver cargos en poco tiempo’, planteó la víspera a los periodistas.

El matutino El Nuevo Día asegura en su edición impresa que figuras cercanas a los presidentes del Senado, Thomas Rivera; y la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, colaboraron con la pesquisa del FBI sobre presuntos empleados fantasmas en el Capitolio.

Este posible esquema de corrupción saltó a la palestra mediante un reportaje del programa de televisión Jay y sus rayos X, luego de una querella ética contra el diputado oficialista Samuel Pagán, quien se vio forzado a renunciar en mayo de 2018 tras denuncias de hostigamiento sexual atribuidas a su esposa Nancy Malavé y contrataciones irregulares en su oficina en el Capitolio.

La pesquisa del FBI involucra presuntas acciones de Rivera Schatz y Méndez Núñez, en las que favorecieron a cooperadores políticos cercanos al gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside el gobernador Ricardo Rosselló.

PL

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