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Del sur | Inhábiles y/o incompatibles

“Para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero,
los quiero, porque son seres humanos y en algún lugar pueden ayudar,
pero no en el campo de la política”

Pepe Mujica

Orlando Sáenz (1936) es un empresario chileno, ex dirigente de dos importantes organizaciones patronales. En esa condición fue uno de los principales golpistas en el año 1973, promotor del Paro de Octubre y entusiasta simpatizante del Movimiento terrorista Patria y Libertad. Por haber sido parte de la conspiración con oficiales de la Armada que parió “El ladrillo” (un texto en que se proponía la economía de los golpistas una vez reemplazado el gobierno constitucional de Salvador Allende) luego del golpe de Estado se le “distinguió” con una asesoría económica a la Junta Militar. También se le encargaron tareas diplomáticas ante la ONU y la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. En 1974 renunció a tales “honores” expresando que consideraba imposible ser cómplice de la Junta Militar y defender las violaciones de los derechos humanos en Chile. Unos años más tarde, en 1988, se adhirió al NO y en 1989 logró que la Concertación lo “embuchara” y fue candidato a senador. Elección que afortunadamente perdió.

Cito el caso de este empresario y político chileno, no por sus culpables devaneos políticos, sino porque es un gran conocedor de los comportamientos de los empresarios y hasta intenta evidenciar sus limitaciones con soporte casi estadístico.

El empresario Sáenz trató de que se implementaran los planteamientos económicos neoliberales de los conspiradores, en un período de innumerables quiebras de empresas y pérdida de vidas por la represión política de 1973. A partir de esa experiencia nos dice que fue “en esa etapa en que me convencí de que existe una incompatibilidad básica entre la carrera de empresario y la de político gobernante.”

Propone Orlando Sáenz que “El empresario, quiera que no, transporta al Estado una inacabable serie de conflictos de interés y de cultura administrativa que contribuye en gran medida a esterilizar su labor y, además, se siente permanentemente incómodo ante el burocratizado proceso de toma de decisiones y del agobiante asambleísmo que caracteriza al gobierno del Estado, tan contrarios a los métodos que le hicieron triunfar en la actividad productiva privada”. Vale recordar que la habilidad del empresario exitoso consiste en combinar los factores productivos (trabajo, capital y recursos naturales) para producir un bien o servicio que le deberá reportar la máxima ganancia.

Sáenz les dispara a los partidarios del Estado subsidiario un argumento demoledor al decir que cuando el empresario metido a político comprende las razones profundas que hacen del Estado un pésimo empresario, también comprende “las razones igualmente profundas que condenan al empresario exitoso a ser un pésimo estadista.”

Llegar a esas conclusiones no resultó halagador ni motivo de felicidad para Orlando Sáenz. Primero intentó refugiarse en la idea de que su visión era producto de su experiencia personal, pero el examen histórico le indicó que las cosas efectivamente eran como eran: “Siendo que entre los empresarios es fácil encontrar individuos sobresalientes por su inteligencia, buen juicio, capacidad de trabajo y de liderazgo, en los anales casi no existen grandes gobernantes provenientes de esas filas y, en cambio, no son raros los casos de malas experiencias de grandes empresarios devenidos en mandatarios. Un caso notable y cercano en el tiempo y la distancia es el del brasileño Fernando Collor de Mello, que no pudo completar su periodo presidencial debido a la incompatibilidad que detecto.” Desde estas páginas me permito incorporar a esa lista a Macri, Piñera, Kuczynski, Martinelli, Valera …

Sáenz buscó un último ejemplo salvador en Estados Unidos que por tamaño y notable estructura política, económica y jurídica podría hacer la diferencia, pero de acuerdo con sus propias palabras allí tampoco encontró nada: “Sin embargo, ni aún en la historia de nuestro gran vecino del norte abundan los estadistas que hayan sido antes grandes empresarios, lo que sin duda aporta una prueba a mi tesis.”

Concluye Sáenz afirmándose en la tesis de que “el empresario–estadista no es nunca una buena idea.” Esa conclusión apunta a su inhabilidad o a su incompetencia.

Lo que sigue apunta a las incompatibilidades, pues ya es suficiente motivo de sobresalto que se estén haciendo cargo del Estado personas ineptas, según O. Sáenz. Pero si agregamos que estas personas cargan necesariamente conconflicto de intereses (dictar normas que originarán beneficio personal),o con la tentación imposible deltráfico de influencias (utilizar la autoridad que le confiere su cargo para beneficiarse o beneficiar a sus cercanos), deberían estar sonando las alarmas hasta de Transparencia Internacional (¿?). Que nadie olvide que en República Dominicana “Es imposible perseguir penalmente a nadie por cometer actos que riñan contra la ética o la moral, si el legislador no los ha convertido en tipos penales claramente sancionados.” La afirmación está contenida en el auto No. 2013-00265-0-01, mediante el cual la exfiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso archivó la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por prevaricación, perjurio, lavado de activos, concusión, incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas y mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad.

“El planteamiento de si es correcto que el presidente de la República reciba donaciones de instituciones públicas y privadas para establecer una fundación, de la que entiende el querellante se beneficia la figura del querellado y que constituyen actos bochornosos e inaceptables en una sociedad democrática, son argumentos que la fiscalía no puede tomar en cuenta, ya que su competencia no incluye investigar y juzgar penalmente el ámbito de la ética o la moral”, dice el citado documento de la fiscalía.

Sólo anotaremos como comentario que las mayores exigencias recaen sobre los servidores públicos y en primer lugar en el presidente de la república pues son quienes deben cumplir con estándares superiores a los señalados en la legislación que es por lo general muy precaria.

Así, todo queda y quedará en manos de la Dirección de Ética Gubernamental. Como sabemos la ética es la reflexión sobre la moral y esto nada tiene que ver con sanciones penales en un mundo donde buscarse lo suyo no sólo es moralmente bueno, es obligatorio. En los análisis de la transición gubernamental la herramienta principal han sido hasta ahora los currículum de los altos funcionarios, pero a partir del 16 de agosto pasaremos necesariamente a otra etapa donde los insumos serán el análisis de las medidas que adopten y sus consecuencias en los intereses privados de los propios funcionarios. Por supuesto, esperamos también a partir de ese día un documento imprescindible: la Declaración Jurada de Bienes.

Guillermo Cifuentes
Articulista

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