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Ágora | Los apresamientos: otro paso de avance

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Las sistemáticas y prolongadas jornadas de protestas contra la corrupción y la impunidad escenificadas durante el último de los gobiernos del PLD, determinaron nuestra sintonización, como sociedad, con las diversas protestas que se escenifican en el mundo. Ahora, con la orden de prisión preventiva, emitida por la Procuraduría General de la República contra varias personas para ser investigadas por corrupción durante el pasado gobierno damos otro paso adelante y se profundiza esa sintonización, iniciándose un proceso cuya potencialidad, correctamente dirigida, podría conducirnos por el camino de un irreversible cambio del sistema político en la gestión de la cosa pública y de la lucha política.

Los apresamientos ejecutados y los aún en proceso de consumarse, son resultado, básicamente, de las luchas contra la impunidad que se expresaron en las marchas de Marcha Verde, recogidas como promesa de campaña de los partidos de la Coalición Democrática, encabezada por el PRM. Esa circunstancia, unida al perfil independiente de la procuradora y su equipo, al significativo nivel de los apresados, entre los cuales están un ex ministro y dos hermanos del ex presidente Medina, permiten pensar que el tema va en serio. Evidencia, además, que podríamos estar ante otro proceso de apresamientos a funcionarios públicos del calado de los ocurrido en varios países, con impacto determinante para el futuro de sus sistemas políticos.

La acción de la PGR contra esos depredadores de los bienes del Estado, en su contenido y forma, se ha iniciado con estricto apego a la Ley. De su parte, el presidente Abinader ha mantenido su compromiso de mantener su gobierno apegado al principio de la justicia independiente. No obstante, la Justicia, el poder político y la sociedad civil deben tener presente que el impacto y sostenibilidad del proceso iniciado por la PGR, descansa en el impulso de una sostenida política de inclusión social, de fortalecimiento del pluralismo político en el ejercicio del poder, en la defensa de los recursos naturales y energéticos del país y en el ejercicio de plena soberanía nacional.

Está demostrado, no basta un efectivo régimen de consecuencia para que un país logre importantes niveles de crecimiento y desarrollo económico, ni de estabilidad de su sistema político si no se combaten con determinación las afrentosas expresiones de pobreza y desigualdad social a nivel urbano, rural y regional en que los anteriores gobiernos han sumido este país. Una justicia independiente es fundamental para lograr reducir sustancialmente las desigualdades y la voracidad de determinados poderes, pero esa independencia de por sí no logra la justicia en el plano social, ni elimina las inequidades en la distribución de los recursos. Basta pensar en otras experiencias similares a la iniciada por la PGR.

Son esos casos, entre otros, Manos Limpias en Italia, en 1992, y recientemente en Perú y otros países de la región. En Italia, fueron condenados muchos altos funcionaros corruptos y de sectores empresariales, pero esa acción no tuvo el imprescindible apoyo de masas ni de una clase política atemorizada por la amplitud del proceso. La mafia, ligada al mundo político y empresarial, terminó asesinando a varios jueces y muchos tuvieron que mudarse con sus familias en cuarteles militares, iniciándose así el descalabro de los sistemas político y de partidos de ese país, y el surgimiento de partidos populistas de derecha. En Perú, han sido imputados y condenando altos funcionarios y ex presidentes, pero el país sigue sumido en una incierta crisis política. Lo mismo en otros de la región.

Los apresamientos en curso y los por hacer, según diversas fuentes, constituye la más importante acción de la justicia dominicana en toda su historia, no sólo por la acción en sí, sino el contexto político nacional e internacional en que esta se hace. Ese contexto ofrece una oportunidad, quizás única e irrepetible, para que en país se establezca un sistema político con un sólido régimen de consecuencias , pero también con un cambio en el manejo de la cosa pública sin exclusiones sociales y/o políticas. En la observación de esa perspectiva, descansa la sostenibilidad y necesaria amplitud de la presente actuación del Ministerio Público

Esta instancia del poder está cumpliendo su papel, sus autoridades han iniciado un proceso que podría ser el antes y después de la justicia dominicana, podría ser también el matrimonio con la historia de sus principales actuales incumbentes, a comenzar con la procuradora general y del procurador adjunto encargado del Pepca. Toca ahora al gobierno y a los partidos coaligados mantener su compromiso de no interferencia en las acciones de la PGR y a la sociedad civil asumir un rol de apoyo activo a esas acciones, al tiempo de ampliar el horizonte de sus demandas.

César Pérez
Sociólogo

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