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Ágora | La pasada, una semana para el olvido

En la pasada semana ocurrieron tres hechos que fortalecen la sostenida percepción de que este Gobierno adolece de algo esencial para toda administración del Estado, sobre todo en este tiempo de pandemia: coherencia en cuanto de los mensajes que envía a la población a través de las declaraciones y ejecutorias de sus instancias claves.  Son estos: las declaraciones del ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del partido oficial, relativas a las asignaciones presupuestarias a los partidos, las cuales contradicen lo dicho sobre ese tema por el presidente de la República en su momento y por el viceministro de Presupuesto en esa semana, la firma del Pacto Eléctrico sin la participación del sector social y la destitución del ministro de Salud.

Esa circunstancia, ocurrida poco antes del día de la rendición de cuentas del presidente Abinader ante el Congreso, hizo un ruido innecesario antes y posiblemente después de ese importante acto, sin que pueda establecerse cuál de los referidos hechos fue más engorroso. La destitución del ministro de Salud, por actos de corrupción e irregularidades en su ministerio, manda una señal de que el país finalmente camina hacia un régimen de consecuencias. Pero también, esa fulminante destitución debería acompañarse de un claro establecimiento oficial de las causas que la motivaron. Así, la señal también apuntaría hacia el final de la cultura de las destituciones de funcionarios sin mayores consecuencias para éstos.

En cuanto al Pacto Eléctrico, lo más relevante es la inobservancia de principios fundamentales que debe tener toda iniciativa de concertación: debida información, preparación y activa participación de las partes en el desarrollo del diálogo que culminaría en un acuerdo. Actores claves del sector social dicen que no fueron convocados a la afirma del pacto y que se privilegió el resultado, no el proceso de convocatoria para su firma. El resultado es importante, pero el proceso para lograrlo es la mejor garantía para su eficacia y sostenibilidad. Obviar la participación social en la firma del pacto podría tener un costo político que no sé hasta dónde se ha calibrado. El tiempo dirá.

Algunos funcionarios dicen que por varios puntos del presente acuerdo el partido oficial no firmó cuando era oposición; desde el poder lo puede ejecutar. Además, que fue básicamente para formalizar lo que, motu proprio, ya estaba haciendo o que podía hacer. Si esto es así, ¿por qué entonces la prisa para insistir en una firma del pacto a costa de sacrificar un eventual aliado que le daría una invaluable, real y desinteresada cuota de legitimidad al Gobierno?. En lo que respeta a la declaración del ministro administrativo de la Presidencia en torno a que se le darán los recursos demandados por los partidos, en cualquier otro país esta hubiese sido un escándalo. Para darles lo que piden los partidos (que seguirán insistiendo) y acepta este ministro, deberá cambiarse la Ley de Presupuesto o violentarla.

Asumir cualquiera de esas posiciones sería un lamentable error, porque sería como si el presidente del partido oficial y ministro corrigiera públicamente a su presidente y al viceministro de Prepuesto sin que, al parecer, tenga la anuencia de su partido. Algo inconcebible, más elementos para pensar que la falta de coherencia y eficacia de la política de información atribuida a este Gobierno, más por impericia de sus encargados, tendría como causa las frecuentes declaraciones que a título personal hacen muchos de sus funcionarios, las cuales obligan a posteriores retractaciones o explicaciones que aclaran poco o nada. Peor aún, que incrementan la confusión.

Para un Gobierno que puede exhibir incuestionables logros en materia de transparencia, eficiencia, cierta frugalidad en el gasto que se traduce en ahorro del dinero público, de avances en el combate a la corrupción, la independencia de la justicia, en la calidad del gasto, entre otros, no puede darse el lujo de cometer errores de cálculos tan elementales. No puede subestimar la importancia que, en última instancia, tienen  varios sectores sociales y políticos que con su práctica de  protesta resolvieron el problema teórico sobre dónde surge el poder. Soltar en banda a esos sectores y persistir en apoyarse básicamente en otros que en nada le interesa la suerte de los pobres de este país puede ser un irremediable salto al vacío.

Fue esta la punzante reflexión de algunos ante lo ocurrido la semana pasada, una semana que, creo, para el Gobierno deberá ser una semana para el olvido.

César Pérez
Sociólogo

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