‘No hay dudas que nosotros somos responsables por la crisis, pero el gobierno de Estados Unidos también tiene su cuota de responsabilidad’, expresó al criticar la forma en que en las últimas horas se han proyectado el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la junta de control fiscal impuesta por Washington.
Ilustró que mientras el gobernador alega que la junta quiere quitarle mil millones de dólares a la tarjeta de salubridad pública, el organismo responde que Rosselló Nevares tiene que hacer más ajustes en ese renglón para cuadrar la caja.
La realidad es, dijo, que ya el gobierno de Estados Unidos, no la junta ni Rosselló Nevares, le quitó mil millones a la tarjeta de salud, tal como dispuso el Congreso.
‘Que tenemos que hacer ajustes y sacrificios para salir de la crisis, de eso no hay duda, pero Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad’, planteó en una columna que divulga el portal del diario El Nuevo Día.
Acevedo Vilá aclaró que no es mendigar, es exigir, y no es sólo aportar los fondos necesarios para que podamos cumplir con los requisitos de salud que ellos nos exigen.
El exgobernante advirtió que es necesario que Washington, que mantiene a Puerto Rico bajo su dominación colonial desde 1898, dé las herramientas para poder desarrollar nuestra economía.
Es que le den a Puerto Rico lo mismo que le han dado a Grecia, que Estados Unidos le dio a México y a los bancos, incluyendo los de Puerto Rico; financiamiento a corto plazo para poder implantar un verdadero plan de ajustes y de transición.
Aclaró que la única forma que EE.UU. va a reaccionar es si dejamos de pagarles a los bonistas-fondos buitres usando el mecanismo de la quiebra y nos unimos como pueblo a exigir acciones verdaderas del gobierno federal.
Resumió que el pueblo puertorriqueño no necesita la legislación Promesa, que impuso la junta de control fiscal al gobierno, sino acciones concretas para superar la insuficiencia fiscal de 7 mil 600 millones de dólares.
Los siete miembros de la junta de control fiscal, que preside José B. Carrión III, determinarán este lunes en Nueva York la certificación del plan de ajuste fiscal que impondrán a Puerto Rico por los próximos 10 años.
