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Critican postura gubernamental contra urbes pro inmigrantes en EEUU

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WASHINGTON, Distrito de Columbia.- La administración estadounidense del presidente Donald Trump carece de autoridad constitucional para recortar fondos a las llamadas ciudades santuario, consideró hoy el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
Eric Schneiderman.

Esas urbes, que son unas 200 en todo el país, limitan su colaboración con las autoridades federales para proteger a los inmigrantes indocumentados.

A juicio de Schneiderman, los gobiernos estatales y locales tienen amplias facultades bajo la Constitución para optar por no participar en la aplicación federal de las leyes de inmigración.

La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden público y las personas a las que valientemente sirven, apuntó el jurista en un comunicado.

No dejaremos de luchar para derrotar las políticas de inmigración antiestadunidenses del presidente Trump, agregó.

Schneiderman emitió esas afirmaciones después que el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, amenazó con retener fondos a las ciudades santuario.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Justicia instó a esos territorios a cambiar de actitud lo más rápido posible.

Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir las leyes, nuestro país es menos seguro, y esas políticas no pueden continuar, sostuvo.

Sessions expresó que con tales posiciones las ‘ciudades santuario’ están menos seguras, y se ponen en riesgo de recibir los recursos federales.

Puntualizó que los sitios interesados en subvenciones del Departamento de Justicia deberán mostrar que cumplen con las leyes gubernamentales y persiguen a los inmigrantes autores de crímenes o en situación irregular.

Reportes de prensa indicaron que diferentes activistas a favor de los inmigrantes también desestimaron las palabras de Sessions, y prometieron seguir con su misma postura.

A pocos días de asumir como presidente el último 20 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para resucitar los programas de cooperación entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias.

La disposición también se encaminó a interrumpir la concesión de ciertos fondos a las mencionadas urbes.

PL

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