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Medio Ambiente interviene vertedero capitalino de Duquesa

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Gobierno dominicano intervino el vertedero de desechos sólidos capitalino conocido como Duquesa y multó a la empresa operadora Lajun por violar la Ley General de Medioambiente.
Francisco Domínguez Brito.

El ministro dominicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, explicó en rueda de prensa que Lajun no se ajustó al programa de manejo y adecuación ambiental y no entregó informes sobre su operatividad.

Las acciones de Lajun han generado impactos ambientales como la contaminación del arroyo La Chorrera por lixiviados no tratados, degradación de suelos y manejo inadecuado de taludes y contaminación de las aguas, afirmó Domínguez. Añadió que actualmente se hace un levantamiento de datos para confirmar la titularidad y estatus jurídico del vertedero, a fin de identificar algún tipo de ilícito penal para solicitar una investigación al Ministerio Público.

En tanto la Procuraduría aseguró que realiza una exhaustiva indagatoria para determinar con precisión la legalidad de los documentos presentados por la empresa Lajun Corporation para acreditarse la propiedad del vertedero.

Otra fuente que se refirió al tema fue el nuevo director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro César Mota Pacheco, quien reveló haber encontrado irregularidades en el proceso de traspaso del terreno dedicado al vertedero, que antes era de dicha entidad.

En cada paso que damos encontramos algo turbio y cada gobierno ha hecho donaciones y concesiones a esa empresa, pero entendemos que ha sido algo ilegal beneficiar a Lajun y eso la ha llevado al conflicto con los ayuntamientos, añadió Mota Pacheco.

Recientemente, el presidente de la Comisión Permanente de Contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz, reveló que el convenio de venta de los terrenos donde opera el vertedero Duquesa nunca pasó por la aprobación del Congreso Nacional.

El Gobierno decidió este miércoles intervenir después que los dueños del vertedero exigieron abusivos pagos a los ayuntamientos del Gran Santo Domingo e impidieron a los camiones de recogida botar la basura, lo que puso en peligro la salud pública.

PL

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