Esas patronales en el país no solo someten a sus 50 mil empleados a precarias condiciones de trabajo, sino también implementan políticas de acoso y represión contra aquellos que se resisten a las mismas, indicaron los denunciantes.
Los centros de llamadas se instalan en República Dominicana con la promesa de pagar buenos salarios, entre otros beneficios, pero nada de eso se cumple y el Ministerio de Trabajo carece de voluntad y de supervisores para poner fin a esos excesos, precisan dichas organizaciones sindicales.
Las denuncias fueron formuladas en conferencia de prensa celebrada en esta capital por representantes de la Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas, empleados de esos centros y organizaciones internacionales.
El 28 de abril último la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) afirmó que la libertad sindical está amenazada en la República Dominicana y anunció una campaña para llamar la atención de autoridades sobre este preocupante problema.
La CASC circuló un documento a través de los medios, en el cual denunció abusos cometidos por empresas contra los trabajadores cuando intentan organizarse y aseguró que con ello violan la libertad sindical.
También dijo que perpetran despidos masivos y antojadizos, amenazan y encarcelan a dirigentes obreros y crean empresas subcontratadas para no tener compromisos laborales con los trabajadores.
La CASC recordó que el Código Laboral y la Constitución de la República consagran el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y que la libertad sindical está reconocida en el país como uno de los Derechos Humanos Fundamentales.
El país ha ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan la libertad sindical, por lo cual denunciaremos su incumplimiento incluso ante organismos internacionales, aseveró el texto.
