El tema sobre el que demanda conocer Despradel, del partido Alianza País, es el de la licitación y ejecución de las plantas a carbón de Punta Catalina, que el gobierno construye con el concurso de la empresa brasileña Odebrecht.
En su petición el diputado señala que por ser el responsable de promover y firmar el contrato por más de dos mil millones de dólares para la construcción de las plantas el ejecutivo de la Cdeee tiene una alta responsabilidad ante esa denuncia.
El Ministerio Público hizo su formulación en base a las delaciones premiadas de ejecutivos de la multinacional según un acuerdo alcanzado con la empresa en el cual delataría las irregularidades a cambio de que no enjuiciaran a sus directivos.
Despradel argumentó además que la Cdeee ha gastado sumas importantes de dinero del 2014 al 2017 para la ejecución de la referida obra, sin ofrecer informaciones precisas sobre las fuentes de esos gastos.
El diputado recordó que el proceso judicial abierto contra los sobornados por Odebrecht es resultado de la movilización ciudadana frente a un sistema de impunidad dirigido desde las más altas instancias del poder político.
No es admisible que en un caso de esta magnitud se quede sin investigar la obra de mayor costo de Odebrecht en el país, mucho menos cuando el mismo Ministerio Público asegura que la empresa pagó sobornos.
Jiménez Bichara, por su parte, dijo este jueves al hablar ante la Cámara Americana de Comercio que el proceso judicial por el caso Odebrecht afectará el proyecto de la planta Punta Catalina.
‘Obviamente eso impacta el proyecto. Nosotros esperamos que dada su importancia se pueda terminarlo satisfactoriamente’, dijo y luego añadió ‘no creo que nadie esté tranquilo, pero espero que las cosas terminen en beneficio del país’.
Por su parte, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, David Fernández, recomendó que en el proceso judicial del caso Odebrecht ‘debe primar lo racional por encima de lo emocional, para favorecer el fortalecimiento institucional’.
Para Fernández ‘el fortalecimiento institucional es la base para poner fin a muchos de los problemas que afectan a la sociedad dominicana, como la impunidad y la corrupción’.
