Las sesiones tuvieron una cobertura mediática sin precedentes con inclusión de las nuevas tecnologías de la comunicación y fue seguido minuto a minuto por televisión e Internet por un público ávido de saber lo que allí ocurría.
También ha sido el único proceso que simultáneamente involucra a un ministro en ejercicio, tres legisladores, varios exfuncionarios, y además afecta directamente a los dos partidos políticos mayoritarios del país.
Como si ello fuera poco, se trata de la ilegalidad en que se ha puesto en juego un mayor monto, pues Odebrecht reconoció que distribuyó en este país 92 millones de dólares en sobornos para que le contrataran obras estatales.
Si estos asuntos fueron relevantes aún más importante fue la sentencia decidida por el juez Francisco Ortega Polanco, quien dictó prisión preventiva para casi todos los acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país.
Según la sentencia leída por la secretaria de la sala, el empresario Ángel Rondón, acusado de distribuir los sobornos de Odebecht en República Dominicana, recibió un año de prisión preventiva en la penitenciaría de La Victoria.
En tanto, Víctor Díaz Rúa y Conrad Pittaluga recibieron nueve meses; Andrés Bautista, el ministro Temístocles Montás y Ruddy González, seis meses; y César Sánchez y Máximo D´Oleo tres meses de preventiva. Ese grupo estará en la cárcel de Najayo, precisó el veredicto.
De igual forma, quedaron bajo arresto domiciliario por espacio de nueve meses Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, mientras que los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como el diputado Alfredo Pacheco, quienes gozan de inmunidad parlamentaria, tendrán que pagar una fianza y se les impide salir del país.
La Procuraduría General de la República (PGR) resultó ganadora a pesar de que ha sido cuestionada por cerrar un trato con Odebrecht y las autoridades brasileñas, mediante el cual la empresa delata a sobornados pero sus directivos quedan a salvo.
Otra característica del juicio ha sido que la PGR sólo acusa a 14 personas supuestamente citadas por Odebrecht y ha dejado intactos los máximos estamentos de decisión que autorizaron la firma de los contratos luego sobrevalorados.
El juicio en sí ha sido un espectáculo que muestra las deficiencias prevalecientes en la justicia dominicana, con un Ministerio Público poco convincente en sus fundamentaciones y una barra de la defensa muy combativa y bien pagada.
La defensoría criticó los errores de los fiscales, quienes en su fundamentación para pedir prisión preventiva de 18 meses para los encartados se equivocaron en cargos, fechas, montos y no precisaron lugares, modos o formas en cómo se realizaron sobornos.
Desde fuera del juicio, ello fue calificado como inaceptable y preocupante por Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quien consideró que desacreditan a la justicia y a la lucha contra la corrupción.
Minou Tavárez Mirabal, presidenta de la opositora Opción Democrática, consideró el juicio un hito, resultado de las presiones sociales a través del movimiento cívico de la Marcha Verde, que en masivas movilizaciones ha puesto en el centro del debate nacional la lucha contra la corrupción.
‘Ese acontecimiento con todo y sus visos de espectáculo, independientemente de las aristas y los cuestionamientos, no lo habíamos visto nunca y debemos convenir en que es un paso de avance la demanda firme del pueblo de ponerle fin a la impunidad’, dijo.
