SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 97 por ciento de los funcionarios municipales y el 55,26 por ciento de los diputados incumplen la ley sobre declaración jurada, denunció hoy el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel del Centro Juan XXIII.
Se trata de tres mil 901 funcionarios municipales y 105 diputados (de un total de 190), que no presentaron la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley 311-14, que los obliga a hacerlo en un plazo de 30 días desde que toman posesión.
El Laboratorio Social, que da seguimiento a los niveles de cumplimiento de esa ley, observó que ‘resulta contradictoria esa violación por parte de legisladores responsables de escribir la letra y de infundirle espíritu a la Ley 311-14’.
El Laboratorio, impulsado por el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), está adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
El antropólogo Fernando Ferrán, director del PED, dijo que la ley es violada en momentos en que la Procuraduría se apoya en declaraciones juradas para respaldar la imputaciones sobre corrupción administrativa contra algunos servidores.
Citó que a través de ese mecanismo el Estado busca procesar por enriquecimiento ilícito a quienes se dejaron sobornar en la República Dominicana por la empresa brasileña Odebrecht, según confesó la propia constructora.
Ferrán recordó el escándalo reciente que llevó a la destitución de Diandino Peña, de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), por contradicciones entre su participación accionaria y el patrimonio declarado bajo juramento.
Al no declarar sus bienes no sólo se viola la ley, sino que de manera premeditada cada sospechoso oculta desde ya una eventual prueba del delito que está en vías de cometer, explica el boletín del PED.
También alertó que se mantiene la impunidad que beneficia a todo funcionario o legislador que por uno u otro motivo incumple la Ley de Declaración Jurada y su Reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias.
El boletín denunció además ‘el incumplimiento reiterado’ de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública en entidades llamadas a mantener a disposición de los ciudadanos los datos actualizados sobre las declaraciones juradas de patrimonio.
PL
