El pasado 29 de junio, en la audiencia de juicio contra los acusados de la muerte el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, ocurrida el 11 de marzo del 2016, la Fiscalía probó que el principal acusado del crimen, Blas Peralta, fue quien realizó el disparo mortal al catedrático.
Se trató de un crimen cometido al calor de la campaña de los pasados comicios y originado por una discusión entre dos candidatos a puestos electivos.
El presunto asesino, basado en su poder y dinero, parecía burlarse de la justicia poniendo en juego toda clase de artimañas para no ser condenado.
En la última audiencia, sus cómplices Franklin Venegas y Gerardo Félix revelaron que han sido amenazados y coincidieron en que Peralta fue quien asesinó con su arma al ex rector Febrillet.
Otro implicado en el caso, el coronel retirado Rafael Herrera Peña, reconoció haber participado en las reuniones tendentes a destruir las pruebas y responsabilizó a Peralta de cualquier situación que le suceda a él o a su familia.
Ante tales evidencias, Peralta admitió haber realizado los disparos contra el vehículo que transportaba a Febrillet y se declaró ‘responsable’ ante la audiencia, que continuará mañana en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La otra audiencia que mantiene en vilo a los dominicanos es la que tendrá lugar el 6 de julio en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocerán los recursos presentados por los imputados por el caso Odebrecht ante las medidas de coerción dictadas en su contra.
Solo cuatro de los 14 imputados por el caso Odebrecht no han apelado las medidas de coerción que les impuso el pasado 7 de junio el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco.
Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable, Roberto Rodríguez, y el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, no han solicitado variación o anulación de las medidas en su contra.
Han apelado el empresario Ángel Rondón; el diputado Alfredo Pacheco; el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo De Ã’leo; el abogado Conrrado Pitaluga, el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa.
También presentaron sus apelaciones el exministro de Economía y alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y el ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista.
Las sentencias que cuestionan fueron las impuestas por Ortega quien dispuso que en la cárcel de Najayo Hombres, Pittaluga y Díaz Rúa cumplan nueve meses de prisión preventiva; Montás, Bautista y González, seis meses, y Sánchez y De Ã’leo, tres meses.
A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez le fueron impuestos nueve meses de arresto domiciliario y los trasladaron a sus casas desde el pasado 9 de junio.
A los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y al diputado Alfredo Pacheco, pese a estar protegidos por la inmunidad parlamentaria, se les impuso el pago de una fianza, presentación periódica e impedimento de salida como medida de coerción.
En tanto el imputado número 14 del caso Odebrecht, Bernardo Antonio Castellanos, se ha convertido en el prófugo más buscado por la Policía Internacional (Interpol) pues se perdió su rastro por Panamá donde se encontraba cuando los arrestos.
Al grupo se le acusa de recibir sobornos después que la multinacional brasileña Odebrecht admitiera haber pagado en este país unos 92 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas entre 2001-2014
