Dicha estructura nació el 11 de mayo pasado con el objetivo de ‘promover comicios federales justos y honestos’, pero opositores consideran que su verdadero fin es validar las repetidas acusaciones del gobernante sobre un presunto fraude en los comicios de 2016.
Trump alcanzó la Casa Blanca gracias a 307 votos electorales, en correspondencia con el sistema que rige en Estados Unidos, pero perdió en el sufragio popular ante su rival demócrata, Hilary Clinton.
Entre las acciones propias, la Comisión se dedica a revisar registros y procesos de votación bajo la guía del vicepresidente, Mike Pence, y del secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach.
A finales del mes pasado, Kobach pidió a cada territorio del país entregar información de sus votantes, incluidos nombres, direcciones, los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social, fechas de nacimiento, afiliación política, antecedentes penales e historial electoral.
Como respuesta, funcionarios de 21 estados y del Distrito de Columbia se negaron a enviar cualquier contenido, citando problemas de privacidad, y los de otros ocho dijeron que no enviarían datos a menos que la Comisión pague por ellos o realice un proceso de solicitud formal.
Por su parte, 17 demarcaciones acordaron proporcionar al grupo de 12 miembros (siete republicanos y cinco demócratas) solo la información pública disponible.
Si cualquier estado no quiere compartir esta información, uno tiene que preguntarse qué les preocupa, apuntó Trump en el primer encuentro de la Comisión.
Detrás de esa postura puede esconderse algo malvado, comentó el gobernante, quien hasta el momento no ha presentado pruebas sobre el aludido problema en las últimas elecciones en su país.
Cada vez que se produce el fraude electoral, se cancela el voto de ciudadanos legítimos y socava la democracia. No puedo dejar que eso suceda, sostuvo.
Recordó que durante la campaña presidencial la gente le expresó su preocupación por ‘inconsistencias e irregularidades electorales’.
