Asimismo calificó el informe que el Procurador General Jean Alain Rodríguez dio la víspera a Participación Ciudadana (PC) como un intento de marear a la población con el tema y excluir a Odebrecht de toda responsabilidad penal.
Según Manuel Roble, economista y miembro de la Marcha Verde, con ese informe Rodríguez confirmó que no tiene interés de investigar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Ante la insistencia de PC, para que la Procuraduría diera a conocer las pruebas presentada por la propia empresa, el Ministerio Público (MP) confirmó ayer que la multinacional colaboró para indagar la entrega de sobornos.
El procurador añadió que con esas pruebas procesaron a 13 de los 14 imputados y ello ha incluido a un ministro, exfuncionarios del Gobierno, legisladores y exlegisladores.
Añadió que entre esos datos hay correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios; testimonios de cuatro ejecutivos brasileños identificando a funcionarios públicos dominicanos a quienes pagaron sobornos y transferencias de dinero.
Aseguró que debido a eso el juez Francisco Ortega emitió las órdenes de arresto y posteriores medidas de coerción preventiva, a 10 de los 14 ciudadanos hasta ahora implicados en el caso, incluidos tres legisladores.
Agregó que sobre la base de los datos facilitados por Odebrecht el tribunal rechazó todas las objeciones presentadas por la defensa de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el MP.
Además dijo que gracias a esos datos se pudo notificar a la Interpol de la presencia en el extranjero del imputado número 14, Bernardo Castellanos, arrestado anoche y a quien se le conocerá medida de coerción mañana viernes.
El procurador insistió en que a través de su filial dominicana, Odebrecht sigue facilitando informaciones que sirven para investigaciones que por el momento se encuentran bajo la confidencialidad establecida en el Código Procesal Penal.
Pero el movimiento Marcha Verde advirtió que el proceso de investigación ha sido mediocre, ya que los expedientes presentados para la solicitud de medidas de coerción fueron flojos, como lo definió la jueza de la Suprema Corte, Miriam Germán Brito.
Añadió Roble que por esa razón esa jueza varió la prisión preventiva a la mayoría de los acusados y el expediente está lleno de fallas y no tiene pruebas concretas del flujo de recursos, lo que evidencia que son datos de la fiscalía brasileña.
Insistió en que la información llegada desde Brasil es insuficiente para llevar a cabo una investigación rigurosa, que muestre con claridad quienes se beneficiaron de los sobornos.
Creemos que Odebrecht no ha cumplido con la parte del acuerdo, en que se comprometía a ofrecer pruebas que permitieran identificar a los culpables y tener ganancia de causa, dijo.
También observó que el MP carece de evidencias que muestren los niveles de sobrevaluación de las obras, los participantes y beneficiarios.
Recordó que en otros países que han investigado el tema, se ha demostrado que el monto de los sobornos es mayor al admitido por Odebrecht.
