En la Marcha Verde somos conscientes de los vínculos existentes entre varios de los integrantes de la comisión de Punta Catalina con los intereses de la empresa brasileña y de los privilegios inconstitucionales permitidos por el Gobierno a cambio de respaldo, aseguró.
Respecto al nombramiento del economista Jaime Aristy Escuder, a quien identificó como uno de los miembros de la comisión de encubrimiento de Punta Catalina, como administrador de las plantas, el movimiento alertó a la sociedad.
La población no puede dejarse engañar por las élites económicas, religiosas o sociales interesadas en lavar la cara a procesos legítimamente cuestionados y pendientes de una verdadera investigación penal, insistió.
Frente a los miles de manifestantes que recorrieron Nagua este domingo, el colectivo reiteró su demanda de investigación penal al proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con la empresa Odebrecht.
También aseguró que el acuerdo nacional conocido como Pacto Eléctrico no podrá llegar a feliz término si no cruza inexorablemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la rescisión del contrato con Odebrecht.
Asimismo la coordinación de la Marcha Verde en Nagua denunció que ‘la desviación de los recursos y fondos públicos hacia los bolsillos de los funcionarios corruptos ha evitado la solución de los principales problemas y necesidades de las ciudades y comunidades’.
Ejemplificó que la corrupción e impunidad han impedido la pronta terminación del hospital público de Nagua, así como la rehabilitación de los caminos vecinales que necesitan los productores agrícolas y el campesinado para cosechar sus frutos.
Tampoco ha sido posible la reparación de la carretera Nagua-San Francisco de Macorís, la terminación del malecón y el acceso de la comunidad a un servicio de energía eléctrica permanente y de calidad, denunciaron.
En cambio, los corruptos, abusando del poder, han reprimido a los movimientos sociales que exigen la solución a sus principales problemas, señaló la coordinadora.
Al respecto denunció los casos de represión en San Francisco de Macorís, donde asesinaron al joven activista social y dirigente estudiantil Vladimir Lantigua, y la violencia desatada en contra de los trabajadores cañeros.
