Los amarres que oficialistas y familiares habían hecho, previo a la elección del nuevo bufete directivo, fueron parte de un plan para impedir que el contrapeso ganara terreno en la Sala Capitular. La visita de Juan Castillo, dirigente del PRD, y Chacho Landestoy, alcalde de Baní, a la residencia del exsenador Virgilio Castillo, fue tan determinante que la regidora Mabel Castillo no tuvo otra alternativa que someterse a la directriz que le había trazado su padre. En esa reunión, ese sector de los perredeístas convenció al dirigente reformista sobre la necesidad del voto de su hija para hacer frente a la amenaza de una facción del partido del jacho prendido -junto a perremeístas- de tomar el control del Concejo de Regidores.
Hemos cubierto varias sesiones de la Sala Capitular. Una de las regidoras que, de manera estridente, cuestionó la gestión del alcalde fue, precisamente, Mabel Castillo, quien, incluso, llegó a retarlo en ocasiones, pero con su viraje en favor del ejecutivo ha perdido lo que pudiera haber sido una esperanza para los munícipes. Esta y otras conductas son vinculantes con la crisis de los partidos políticos. Hay que escuchar a los dirigentes de esas franquicias para darse cuenta de lo que ha estado ocurriendo al interior de dichas organizaciones. Pero, no todo se ha perdido en esas toldas. Hay voces que aún claman por un real bienestar para la población. La edil y activista comunitaria, Carolina Díaz es un vivo ejemplo de representación local quien ha salido en defensa de su partido. «No tenía por qué votar por la candidata del PLD, porque en ningún momento el alcalde Nelson Camilo Landestoy, nos tomó en cuenta para hacer pactos», dijo Díaz.
En ese contexto, el PRM argumentaba por qué se retiraba de la llamada «regla de oro», enarbolada por Peña Gómez, cuando no existía la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Esta legislación le confiere a los Concejos de Regidores responsabilidad normativa y fiscalizadora en la conducción de los Ayuntamientos. Pero en el caso de Baní, ha estado ocurriendo todo lo contrario. En nombre de la «armonía» se ha violentado el ordenamiento jurídico en desmedro de la institucionalidad.
La víspera de lo ocurrido el pasado 16 de agosto, sosteníamos una conversación con el alcalde Chacho Landestoy a quien le pedí me adelantara sobre el contenido de su rendición de cuentas, pero no soltó prenda. Por supuesto, traté que él nos dijera qué ha pasado con el arreglo de calles y contenes en el municipio de Baní. «Recibo los fondos del Gobierno casi un mes después y los entregan a finales de cada mes», sostuvo.
Pero, sin duda, si bien los amarres son parte del juego político, los mismos podrían ser perjudiciales a la necesaria institucionalidad del municipio. Independientemente de que Baní sea uno de los «mejores» ayuntamientos del país, hay acciones que no están acordes con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Luis De Los Santos
Periodista
luisdelossantos@primermomento.com
