Desde el pasado 4 de septiembre, el ciclón comenzó a ser centro de atención en esta nación cuando -ante la cercanía del fenómeno meteorológico-, el presidente Danilo Medina activó a los organismos de emergencia.
A partir de ese momento, y hasta que Irma dejó de incidir sobre el territorio dominicano, todo se puso en función de garantizar las medidas necesarias para mitigar los daños, dada la fortaleza del huracán.
El pasado martes fueron puestas en alarma las primeras ocho provincias, situación que se extendió posteriormente hasta llegar a 32, a la espera del impacto del fenómeno, el cual afortunadamente para esta nación, pasó algo alejado de la costa norte del país y no produjo el desastre pronosticado.
El huracán, con categoría cinco -la máxima en la escala Saffir Simpson- y vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora mientras avanzó al norte del país, afectó a esta nación fundamentalmente con vientos, lluvias, inundaciones y deslizamientos.
La evaluación preliminar de los daños efectuada por el Gobierno, arrojó fundamentalmente problemas en las viviendas, con afectaciones hasta el momento en unas mil 074, de ellas 108 destruidas totalmente.
El jueves, el poderoso huracán prosiguió su avance, tras dejar una estela de destrucción en varias islas situadas en el norte del arco de las Antillas Menores y Puerto Rico, para posteriormente hacer lo mismo en las islas Turcas y Caicos, las Bahamas orientales y Cuba, azotada en estos momentos.
Por otra parte, la víspera el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, efectuó la vista de tres casos de los imputados en los sobornos de Odebrecht.
En la primera, declaró inadmisible un recurso de revisión interpuesto por Roberto Rodríguez, quien fuera director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados.
Y la segunda, produjo la reacción del procurador general de la República Dominicana, Jean Rodríguez, quien calificó de funesta la decisión cuando varió la medida de coerción a Victor Díaz y Angel Rondón, para aplicarle una fianza de 70 millones de pesos (un millón 470 mil dólares).
Los tres mencionados, junto a otras once personas, están implicados en los 92 millones de dólares que la constructora brasileña admitió por pagos para obtener contratos de obras en el país.
