‘Se necesita una acción rápida y exitosa que pueda generar impulso para asegurar a los políticos las posibilidades de avanzar en otros desafíos de inmigración’, escribieron los solicitantes en una carta.
Esa misiva está dirigida al republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y Mitch McConnell, líder de la mayoría del partido rojo en el Senado.
También tiene como destinatarios a Nancy Pelosi y Chuck Schumer, respectivos titulares de las minorías demócratas en una y otra entidad legislativa mencionada.
Como una coalición bipartidista de gobernadores, estamos listos para ayudar, señaló el texto acerca del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Existente desde junio de 2012, la iniciativa concede protección legal contra la posibilidad de ser deportados, según fuentes oficiales, a unos 800 mil jóvenes, llamados ‘soñadores’.
Además, permite a quienes arribaron sin documentos a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.
Sin embargo, el Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre, lo cual desencadenó diversas protestas.
Después, el presidente del país, Donald Trump, concedió un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema hasta el próximo 5 de marzo, pero no describió cómo desea que se haga y dejó las determinaciones en manos de senadores y representantes.
La administración entregó el 8 de octubre al Legislativo una larga lista de demandas que deberán cumplirse antes de alcanzar un pacto sobre los ‘soñadores’, quienes tienen en los congresistas demócratas a sus mayores y constantes defensores.
El Senado de Estados Unidos abordará en enero la situación de tales jóvenes, afirmó hace dos días el republicano de segundo mayor rango de esa entidad, John Cornyn, y este miércoles su colega Jeff Flake reiteró esa información.
Ayer, la Asociación de Fiscales Generales Demócratas también hizo una petición similar a la de los gobernadores de Colorado, Minnesota, Montana, Pensilvania, Carolina del Norte, Ohio, Nevada, Massachusetts, Vermont, Utah y Alaska.
