De ese modo, personas provenientes de la nación centroamericana a las que se les permitió vivir y trabajar en esta nación tendrán hasta el 5 de enero de 2020 para realizar alguna de esas dos alternativas o enfrentar la deportación.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, unos 86 mil hondureños se beneficiaron del programa desde que fue aprobado en 1999 por el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001), quien aprobó ese amparo para Honduras tras el paso del devastador huracán Mitch.
Tal cifra disminuyó con el tiempo, porque algunas de esas personas perdieron el estatus o consiguieron residencias legales en este país, por lo que se calcula que en la actualidad permanecen acogidos al programa unos 57 mil hondureños.
La decisión eleva a más de 300 mil el número total de inmigrantes a los que la administración decidió quitar el TPS en el último año, muchos de los cuales han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas.
El mecanismo del TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar que se enviara a extranjeros de regreso a países desestabilizados por desastres naturales, conflictos armados y otras catástrofes.
Sin embargo, funcionarios y asesores de línea dura en materia de inmigración han presionado al presidente para eliminar las protecciones del TPS siempre que sea posible.
El 26 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que se podría fin a ese estatus para nueve mil nepalíes que fueron aprobados tras un terremoto de 7,8 en la escala de Richter que devastó la nación asiática en 2015.
Antes se había adoptado una decisión similar con 200 mil inmigrantes salvadoreños, quienes tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir del país; 59 mil haitianos, cinco mil nicaragüenses y mil sudaneses.
En enero último la administración prorrogó la protección temporal para unos seis mil sirios y dijo que continuarían analizando la situación de cada país.
Al mismo tiempo, en julio próximo deberá decidirse sobre el fin o la continuidad del TPS para personas de Somalia y Yemen.
Algunos críticos han acusado al Gobierno de poner fin al mecanismo independientemente de las condiciones peligrosas que persisten en los lugares de origen y a pesar de las objeciones expresadas en algunos casos por los gobiernos de esas naciones.
