Mediante un comunicado divulgado este domingo, la PGR dio a conocer que durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos por unos 92 millones de dólares pagados por la empresa Odebrecht en el país, rastreó el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones y analizó miles de documentos.
De esas investigaciones, señala, surgieron nombres de empresas y personas, y ‘los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación, por ello es normal se soliciten documentaciones, se efectúen consultas y entrevistas directas y presenciales’.
Por tal motivo, el Ministerio Público alerta que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones necesarias y por el momento, eso no significa haya comprometido su responsabilidad penal.
Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes, la cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer, agrega el documento.
Asimismo, la Fiscalía precisa que el Código Procesal Penal consigna en la fase actual como estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo derivado de ella es estrictamente confidencial.
‘Advertimos que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito’, puntualiza la PGR.
Finalmente expresa el comunicado, cualquier novedad sobre el caso será informada oficialmente o se conocerá cuando sea depositada la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial.
El único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, concluye.
