El máximo tribunal determinó con cinco votos a favor y cuatro en contra que la legislación de dicho estado que impone a los centros antiaborto informar a las embarazadas de la posibilidad de realizarse el procedimiento en otro lugar resulta ilegal.
Denominados militantes ‘Pro Vida’, contrarios al derecho femenino de terminar la gestación en sus instantes iniciales, denunciaron en marzo pasado la referida norma, de 2015 e inspiración demócrata.
Por otra parte, dichos sitios, privados y mayormente bajo la administración de conservadores, son acusados de hacer creer a las mujeres que pueden disponer allí de varias opciones médicas con el fin de convencerlas de no abortar.
La rechazada ley también pretendía que las ‘falsas clínicas’, como las llaman sus críticos, comunicaran a las féminas que podían disponer de métodos anticonceptivos de manera gratuita o a precio reducido en otros lugares subvencionados por el estado.
