Representantes de ambas partes cumplieron la decisión adoptada la semana pasada de continuar las negociaciones, algo que parece una salida formal pues los patronos insisten en enviar al Ministerio de Trabajo una propuesta única de nueve puntos que las centrales obreras rechazan.
Si bien asalariados y ejecutivos concuerdan en que una modificación del texto legal es necesaria, la discrepancia en cómo y cuánto debe cambiar es muy fuerte, de ahí que hayan pasado más de dos años de discusiones sin lograr nada, y la apreciación de que ahora tampoco se avanzará.
El sector empresarial argumenta que su propuesta es vital para aumentar el empleo formal y contribuir al desarrollo del país, pero los líderes sindicales ven los nueve puntos con ojeriza porque, según ellos, constituyen un ardid para tratar de eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores.
Winston Santos, ministro de Trabajo, no logró en sus gestiones personales acercar las posiciones en sus reuniones separadas con los sindicalistas y los patronos en búsqueda de consenso en los temas más neurálgicos a modificar.
La propuesta inicial de la principal organización empresarial del país, Consejo Nacional de la Empresa Privada, fija el auxilio de cesantía hasta encontrar un trabajo continuo de tres años y una suma igual de salario mínimo de hasta cinco años, un retroceso en lo establecido al respecto, según los sindicatos.
Para estos últimos son también inaceptables el establecimiento de jornadas laborales largas que pueden ser de hasta 12 horas por día y 60 por semana, y otras más que tienen que ver con la jubilación, pensiones, avisos de despidos, indemnizaciones por la terminación de contrato de trabajo e indexación de anticipos a liquidaciones.
El presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Fermín Acosta, anunció que en un plazo de 15 días el sector empresarial presentará esos temas ante la reunión tripartita que convocará nuevamente el Ministerio de Trabajo con el fin de buscar consenso para la reforma laboral.
Su contraparte Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, le recordó por su parte que los representantes de los trabajadores decidieron impedir que se haga una reforma del código laboral si esta afecta los derechos de la clase obrera.
Precisó que con respecto a la primera etapa sobre el tema procesal, los empresarios tienen un plazo de siete días para hacerla y los sindicatos igual tiempo para responder, y así se hará de forma subsiguiente con los demás aspectos.
