El periódico citó a dos funcionarios de la Casa Blanca según los cuales el mandatario les ha dicho a sus asesores que desea dar ese paso, tras proceder de tal modo esta semana con el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan.
La publicación recordó que en los últimos 19 meses el gobernante republicano ha despedido o amenazado con tomar medidas contra casi una docena de funcionarios actuales y anteriores asociados con la pesquisa.
Esa investigación, que analiza la presunta interferencia electoral rusa y una supuesta complicidad con la campaña de Trump, ha sido continuamente atacada por el mandatario, quien la califica de cacería de brujas amañada.
La exfiscal general interina Sally Yates, el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, y el exsubdirector de esa agencia federal Andrew McCabe, fueron personas vinculadas a esa indagación despedidas durante la administración del republicano.
Hace dos días, al leer el comunicado en el que Trump anunció la retirada de la autorización de seguridad a Brennan, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dio a conocer que el gobernante también evalúa proceder así con Yates, Comey y McCabe.
Además, podrían verse afectados el exdirector de inteligencia nacional James Clapper, el exjefe de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Hayden, la exasesora de seguridad nacional Susan Rice, la exabogada del FBI Lisa Page y el exagente de contrainteligencia de esa entidad Peter Strozk.
Los exmiembros de la comunidad de inteligencia suelen mantener autorizaciones de seguridad de alto nivel después de dejar sus puestos y, en ocasiones, brindan asesoría a funcionarios actuales.
De acuerdo con el Post, varias voces críticas con el mandatario ven su interés en revocar esas credenciales como una postura similar a la del expresidente Richard Nixon (1969-1974) cuando forzó el despido del fiscal especial del caso Watergate, Archibald Cox.
Este jueves 12 antiguos oficiales de inteligencia de Estados Unidos emitieron un comunicado para condenar la medida de Trump contra Brennan, al calificarla de evidente intento de reprimir las críticas del extitular de la CIA.
Los firmantes declararon que ‘las autorizaciones de seguridad deberían basarse en preocupaciones de seguridad nacional y no en opiniones políticas’.
Nunca antes habíamos visto la aprobación o la eliminación de autorizaciones de seguridad utilizadas como herramienta política, como se hizo en este caso. Más allá de eso, esta acción es claramente una señal para otros funcionarios actuales y anteriores, sostuvieron.
