De esa cifra general, al cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), 24 tienen menos de cinco años de edad, precisó la fuente, y todos son parte de los más de dos mil 500 que fueron víctimas de la política de ‘tolerancia cero’ hacia los inmigrantes.
Aplicada desde mayo último pese al rechazo a nivel nacional y foráneo, esa iniciativa establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea limítrofe con México será acusado de cargos criminales.
Frente a la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la práctica.
Menos de una semana después, el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, California, ordenó al Gobierno que procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.
A juicio de los abogados de la administración, varios de los 565 niños mencionados no han podido ser reunificados debido a que la información sobre ellos no se ha actualizado o los progenitores representan un riesgo para su bienestar.
Los padres de 366 niños, incluidos seis menores de cinco años, fueron deportados a sus naciones de origen por lo que se pretende que los pequeños serán trasladados allí o se designará a un tutor o familiar en Estados Unidos para responsabilizarse de ellos.
Tal propuesta de unión todavía requiere el visto bueno de Sabraw luego de que los abogados de la demandante Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) solicitaron que se permita el regreso a Estados Unidos de algunos de esos progenitores.
Para esa entidad, el plan presentado la semana pasada por el Gobierno ‘no habla o resuelve sobre el derecho de los padres deportados a ser reunificados con sus hijos en Estados Unidos’.
En algunos casos, los progenitores pudieron no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que hacerlo podría demorar o evitar la reunificación, expuso la ACLU en una notificación presentada este jueves a la corte.
Hace casi siete días, Sabraw favoreció una estrategia presentada por funcionarios de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Estado, y Justicia para favorecer el proceso de unión.
Dicha variante se basa en identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del progenitor con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor, y finalmente transportarlo al país de origen para juntarse a sus allegados.
