WASHINGTON, Distrito de Columbia.- Cerca de seis millones de menores afrontan algún tipo de riesgo por el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del Gobierno de Estados Unidos, denunciaron hoy activistas.

Ello se debe básicamente a que viven con al menos un familiar indocumentado o pariente cuyo permiso legal para residir en el país podría ser anulado, de acuerdo con el reporte de la organización hispana UnidosUS.
La entidad señaló en un informe que uno de cada cuatro menores de 18 años en la nación es latino, una proporción que ha crecido en un 47 por ciento desde el año 2000 y que llegará a suponer un tercio del total de menores en los próximos 25 años.
Según sus cálculos, el 95 por ciento de los 18 millones de menores latinos que viven en Estados Unidos nacieron aquí y poseen la ciudadanía, pero un gran número de ellos se verían afectados por el endurecimiento de las políticas migratorias que podría separar a miles de familias, especialmente hispanas.
En el informe se citan datos del Centro de Estudios Migratorios (CMS, siglas en inglés) que sostienen que 5,7 millones de menores viven con un familiar indocumentado, generalmente su padre o madre.
Por otro lado, miles de jóvenes conviven con padres que sí están documentados gracias a permisos de residencia muy longevos.
Sin embargo, la administración del presidente, Donald Trump, ha anunciado que revisará esas concesiones, como el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
EL CMS señaló que en torno a 470 mil menores con la ciudadanía podrían ser alejados de sus padres, si el Gobierno finalmente anula sus permisos TPS y DACA e inicia su deportación.
Así, el documento de UnidosUS señaló que hace falta modernizar los sistemas de inmigración, pero el Gobierno, en cambio, apuesta por separar a las familias y propagar miedo y ansiedad entre la población inmigrante.
La organización, dedicada a promover políticas en favor de la comunidad latina, también denunció que las autoridades promueven acciones para restringir el acceso legal al país, pues pone obstáculos a quienes solicitan la residencia, mediante procedimientos jurídicos.
Asimismo, sobre la separación de menores en la frontera, UnidosUS responsabilizó a la ‘política de tolerancia cero’ -impulsada por el Ejecutivo el año pasado- de la separación de tres mil menores en la frontera, 500 de los cuales no se han reunido con sus padres de nuevo.
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