Han pasado poco más de seis meses de la toma de posesión del presidente Luis Abinader y ascenso del PRM al poder, pero la tarea compleja de gobernar comienza realmente ahora. ¿Por qué digo esto?
Es normal que, a un presidente nuevo, sobre todo, si es de un partido diferente al que gobernaba, se le otorguen los llamados cien días o luna de miel. Este período cubre de mediados de agosto a mediados de noviembre del año en cuestión. Luego llegan las festividades de diciembre y baja la actividad política. Hacia fines de enero hay dos feriados, la Virgen de la Altagracia y el natalicio de Duarte. En febrero hay carnaval (aunque este año cancelado por la pandemia) y se espera el discurso del 27 para conocer mejor al nuevo presidente.
Además, ya pasados seis meses, se vuelve menos eficaz el discurso de culpar al gobierno anterior de los males del presente. La gente quiere soluciones y comienza a reasignar responsabilidades.
Por eso, en este mes de marzo, entre logros y errores, comienza el gran reto de gobernar para Luis Abinader y el PRM.
El Gobierno enfrenta una situación muy difícil por la pandemia, con tres desafíos fundamentales: 1) impulsar un plan efectivo de vacunación nacional, 2) reactivar la economía y 3) ofrecer asistencia a los sectores más vulnerables.
Las vacunas han comenzado a llegar, pero más lentamente de lo deseado porque los países más ricos las acaparan. Tampoco hay suficiente claridad de cómo la población general accederá a ella. No es lo mismo vacunar el personal médico que se encuentra en centros de salud, o militares que tienen cuarteles, que vacunar masivamente por grupos de edad o prioridad laboral a millones de personas. Se desconoce aún cuántos meses tomará vacunar un porcentaje significativo de la población dominicana.
La reactivación económica requiere de inducir la demanda de bienes y servicios mediante políticas públicas de subsidios directos a los segmentos de menores recursos y préstamos blandos a las pequeñas y medianas empresas. Pero esa transferencia de recursos tiene que ser calibrada con la estabilidad macroeconómica, que depende en buena parte de la salud de las finanzas públicas y las divisas disponibles.
La reducción en las recaudaciones presenta un grave dilema para la gestión gubernamental porque, en estos momentos, la población se resistiría a cualquier intento de aumento de impuestos. Los ricos siempre se oponen a pagar más impuestos, y tienen gran poder para defender sus intereses. Los pobres tienen pocos recursos para hacer grandes aportes fiscales, además de que sería muy injusto cargarle más impuestos. Y la clase media, sobre todo la asalariada, lleva la carga más pesada. De ahí que, cuando se inicie la discusión del llamado Pacto Fiscal, se desatarán los demonios.
Los segmentos más pobres que han sido auxiliados desde el inicio de la pandemia a través del programa Solidaridad o Quédate en Casa con subsidios alimenticios de 5,000 pesos mensuales, enfrentan en estos momentos el desmonte de esas transferencias directas. El impacto negativo para muchos hogares se hará sentir prontamente y queda entonces pendiente saber cómo el gobierno manejará su relación con estos grupos poblacionales, y en qué consistirá su política social para una sociedad hoy más empobrecida por la pandemia.
Al terminar el 2021, el gobierno se evaluará en función de esos tres desafíos, y, además, de si administró con eficiencia, calidad y transparencia el presupuesto nacional de alrededor de un billón de pesos, porque esa fue su principal promesa de campaña.
Rosario Espinal
Politóloga
