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Ágora | Los congresistas, con el santo y la limosna

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En Occidente, las cortes, los parlamentos, los grupos de interés, los partidos y más que éstos, sus fracciones internas con sus encarnizadas luchas entre sí, siempre han sido motivos de contrariedades. De estos colectivos, el parlamento, lo que aquí genéricamente llamamos Congreso, ha sido el que más hostilidad ha generado en pensadores y el común de la gente, por ser percibido como el lugar de los pactos entre las élites políticas, de las facciones partidarias, de los intereses particulares de sus integrantes y/o de los poderes fácticos. En gran medida, es eso lo que estamos viviendo con la actitud de nuestros congresistas en torno a los temas de las tres causales, la escogencia del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y la JCE.

Pero, esa actitud debe verse en clave del relacionamiento congresistas/partido. Se supone que los primeros son representantes de los segundos, pero eso es de forma, algo que deforma el proceso en que éstos ejercen su representación. Son elegidos en las boletas de los partidos, pero una vez ocupan sus curules adquieren una relativa autonomía que se ensancha o estrecha dependiendo de la fuerza de las facciones partidarias allí representadas y/o de la fortaleza del principal dirigente de la organización. Esa autonomía les permite legislar para ganarse la voluntad de la comunidad local con acciones no siempre legítimas o de los poderes fácticos con acciones generalmente espurias.

En los casos concretos de la configuración de las ternas para escoger los miembros de la Cámara de Cuentas, cabe la legítima sospecha de ha habido acuerdos entre las élites partidarias para seleccionar sus aspirantes preferidos; en el caso de la JCE no hay dudas de que así fue. En lo que respeta al tema del Defensor del Pueblo, la manipulación de los resultados de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes al cargo, con evidente intención de favorecer a uno de ellos, confirman que ese proceso desde su inicio ha sido viciado por los acuerdos de las referidas élites. Y es que es el Congreso, generalmente, es el lugar por excelencia en que las oligarquías partidarias, como las llamaba Robert Michels, sellan sus acuerdos para repartirse y mantener sus espurias cuotas de poder.

En parte, eso explica esas y otras inconsecuencias, como mantener el barrilito a pesar de que el partido de gobierno en su programa contempla eliminarlo, es lo que les permite negociar con los poderes fácticos para manejar el tema de las tres causales despreciando el sentimiento de la mayoría de la población que las aprueba, el de su partido y el del Ejecutivo. Inmersos en la vieja cultura del ventajismo, la aplastante mayoría de congresistas se mantiene desafiante con esas y otras acciones que expanden la relativamente exagerada percepción de que nada ha cambiado, sin que el gobierno dé evidentes señales de tener conciencia de su peligrosidad.

Temas como el tratamiento de las relaciones con China en su momento, el de la controversial verja en la frontera con Haití, que es una bandera del ultranacionalismo derechista, entre otros, decepcionan a sectores que fueron decisivos en el triunfo de la nueva mayoría, pero es innegable que cosas importantes han cambiado: mayor eficiencia en algunas dependencias, racionalidad del gasto, eliminación de nominillas y del despilfarro que ha permitido el ahorro de miles de millones de pesos, la Justicia sigue trabajando en los expedientes contra funcionarios corruptos del pasado gobierno, el programa de vacunación da esperanza en la lucha contra la pandemia. Pero bastan las acciones puntuales.

Es necesario que este Gobierno se plantee los temas de su relacionamiento con su partido para que las posiciones oficiales de esta organización sean asumidas por sus legisladores, además de su relacionamiento con la comunidad, el de la percepción de dispersión en que discurren sus acciones y, más que esta, la percepción de que la ostensible presencia de representantes de los poderes facticos en algunas de sus esferas impedirán los cambios sustanciales prometidos en su programa. Se requieren acciones de gran calado dentro y fuera del gobierno para que se mantenga y materialice la esencia del descontento social y político que, convertido en votos, puso término al anterior gobierno, el más dañino y corrupto que conoce nuestra historia.

Por consiguiente, resulta imprescindible mantener el apoyo y estímulo a la Procuraduría General de la República, continuar las demandas por la configuración de una Cámara de Cuentas integrada por gente seria, un Defensor del Pueblo sin compromiso político, al tiempo de mantener en jaque a unos legisladores que, con pocas pero honrosas excepciones, persisten en alzarse con el santo y la limosna.

César Pérez
Sociólogo

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