La auto asignación de 57 millones de pesos (300 mil por cabeza) hecha por los diputados el pasado día de las madres, con la honrosa excepción de tres de ellos, constituye otro asalto al erario de parte de esos integrantes del Poder Legislativo. Con ese despropósito, ellos reiteran su actitud de irrespeto a la voluntad de sus electores, a los compromisos programáticos contraídos por sus partidos y de uso de los dineros públicos para sus actividades de autopromoción política. En la presente coyuntura, esa circunstancia evidencia un desencuentro entre ese poder con el Judicial y el Ejecutivo. Además, que el carácter democrático de un Congreso no lo determina su diversidad, sino una pluralidad mayoritariamente con voluntad de cambio.
A pesar sus evidentes limitaciones de recursos humanos y materiales, la Procuraduría General de la República tiene un amplísimo número de expedientes de actos corrupción cometidos por funcionarios durante pasadas administraciones, algunos ya preparados y otros en proceso de terminación, y que las máximas autoridades de esa PGR fueron nombradas por el Poder Ejecutivo, con inicua actitud, la aplastante mayoría de los integrantes del Poder Legislativo se aferra a esas formas de corrupción expresadas en el barrilito y sus auto asignaciones extraordinarias en determinadas fechas, y aprueban un Código Penal sin las tres causales demandadas por la mayoría de la población.
El Poder Judicial, amplía su legitimidad llevando a la cárcel a un general acusado de ser cabecilla del escandaloso entramado de corrupción cometido en ámbito de los cuerpos castrenses, mientras que el Poder Legislativo se deslegitima empantanado en recurrentes escándalos. Ese poder, enroscado en el ventajismo y desprecio a la voluntad de sus electores, de hecho, se convierte en una piedra en el zapado para el partido de gobierno y para el Ejecutivo. En tal sentido, este último está obligado a fortalecer el Ministerio Público, no sólo con mayor asignación presupuestaria para que agilice el procesamiento de los expedientes, sino para enfrentar exitosamente cualquier intento de amenaza o chantaje contra cualquiera de sus integrantes.
A ese propósito, recordemos el caso de Mani Pulite (manos limpias), en Italia, donde varios magistrados fueron asesinados por miembros de estructuras de corrupción en las esferas públicas ,en una colusión de mafias con poderes fácticos. Pero, vivimos otros tiempos y esta sociedad da signos de estar dispuesta a defender toda acción de la Justicia que vaya en el sentido de sus demandas de fin de la impunidad y la corrupción. Con esa actitud advierte a los sectores que desde fuera y dentro del gobierno quieren mantener las estructuras de corrupción que desde décadas drenan las arcas del Estado. Entre ellos, la generalidad de congresistas que hemos tenido
En una coyuntura como la presente, donde la vieja cultura de los privilegios y depredación de lo público se resiste a los cambios, un poder legislativo con legitimidad hubiese contribuido a un combate más eficaz contra esa práctica. Pero, lejos de ser ese el caso, la mayoría de los legisladores se empecinan en seguir autoasignándose dineros públicos para financiar sus actividades clientelares, fortaleciendo en la población actitudes anti políticas y de retraimiento político de importantes sectores de la población, sobre todo joven, que ven cómo el ventajismo de algunos funcionarios y elegidos en determinadas instituciones del Estado devienen millonarios en menos de cuatro años. Mientras muchos recién graduados fatigan para tener un trabajo, generalmente mal remunerado.
De ahí, la constante caídas del poder de mayorías recién instaladas, el auge de la generalización de protestas en las calles de amplios sectores de la población recurrentemente traicionados por esas mayorías. Si se quiere evitar que caigamos en esa lógica, es necesario asimilar esas experiencias enfrentando resueltamente la cultura de despojo de los dineros públicos de parte de quienes ejercen poder en las diversas instancias del Estado, enfrentando esas mafias que no sólo conservan sus cotos, sino que, de hecho, los han fortalecido por falta de eficiencia y eficacia, de visión política de muchos de los incumbentes de varias instancia administrativas del gobierno y de sentido de totalidad en el ejercicio del poder de parte del partido oficial.
Finalmente, otra lectura sobre el comportamiento de muchos legisladores, es que un Congreso no necesariamente es más democrático o eficaz por la diversidad de signos políticos que configuran su matrícula. Tendrá mayores posibilidades de poseer esos atributos, si al momento de presentarlos al electorado, sus partidos lo hagan sobre la base de la capacidad que estos tengan para sintonizarse con las razones que impulsan a esas grandes multitudes que en diversos países demandan honestidad y eficiencia en el manejo la cosa pública. Para eso tendrán que presentar candidatos no sólo honestos, sino con una formación mínima que les permita ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia
César Pérez
Sociólogo
