BANĺ, República Dominicana.- El alcalde Santo Ramírez participó en rueda de prensa efectuado en el parque central Marcos A. Cabral, convocado por la Mancomunidad Peravia Inc. en la que se abordó la preocupación que existe sobre la suspensión de la seguridad social a los servidores públicos de los ayuntamientos del país. Baní no es la excepción.
Respecto al tema, el ejecutivo municipal manifestó que no es justo que el sector privado se le cotice por el salario mínimo de 5,117 pesos que se divide en 3 renglones mientras se les quiere obligar a cotizar en base a 10,000 pesos de salario con una asignación presupuestaria del Estado que a penas llega al 3%, y sumado a esto tienen que dar la cara a los problemas que a diario se presentan.
Sostuvo que, en el caso particular del Ayuntamiento de Baní, las medidas antes expuestas crean un impacto de 900,000 pesos adicionales, por lo que no hay manera de sustentarlo con las condiciones de un presupuesto muy bajo con el que se está trabajando, es decir, aún no se sabe de dónde se sacarán esos fondos que alteran la nómina. En tal sentido, catalogó como criminal las medidas tomadas por la TSS, ya que en tiempos de rebrote por el Coronavirus los trabajadores de ornato, quienes se encargan de la limpieza de la ciudad son quienes muestran la cara del país, y entonces estén fuera de la cobertura de seguridad social.
Así mismo, se expresó el presidente de la Mancomunidad Peravia y director de la Junta Municipal de Santana, Yeison Bretón, quien leyó un documento en el que expresaba la gran preocupación de todos los alcaldes del país y en especial los de la provincia Peravia, a causa de la suspensión de los beneficios que recibían de las ARS por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Resaltó el esfuerzo que hacen los ejecutivos municipales para asistir al personal afectado que ha requerido algún tipo de asistencia médica hasta la fecha, tras indicar que se hace imposible ir más allá por los pocos fondos que manejan.
En relación a este tema, dijo que el Tribunal Superior Administrativo conoce una medida cautelar interpuesta por entidades municipalistas encabezadas por FEDOMU y FEDODIM en representación de los gobiernos locales del país, en procura de la suspensión inmediata de la aplicación de la resolución del 2019 CNSS #47-02 que fija el salario mínimo cotizable en $10,000.00 pesos dominicanos para todos los servidores públicos, incluidos los de los ayuntamientos y distritos municipales, afectando a la gran mayoría de ellos que no alcanzan a ese salario mensual, sobre todo aquellos territorios de menor población que, por ende, son los que menos recursos reciben.
Participaron en la conferencia de prensa representantes de ayuntamientos de Baní y Matanzas, y los distritos municipales Paya, Sombrero, Carretón, Villa Fundación, El Limonar y Santana.
