Estar de acuerdo con el financiamiento de los partidos es apoyar la corrupción sobre todo cuando sabemos que se utiliza para pagar campaña a cambio de contrataciones, se cuela dinero del narco, se compra votos y cargos y se humilla a la población que además de su dignidad pierde sus derechos fundamentales de sobrevivencias.
¿Son mejores los partidos con ese reparto del dinero público o con dinero privado que afectan las instituciones, el derecho ciudadano y la gestión pública? De un tiempo a esta parte los partidos se han convertido en entes vacíos y sin principio que viven del clientelismo a tal punto que separarse de estos males sería peor.
No hay una reforma que valga. Si prohibimos el ingreso a los partidos del dinero privado y solo permitimos el dinero público o viceversa ningún caso garantiza libre acceso a la publicidad, ni que el gobierno beneficie más a su partido que al resto ni que los partidos sean transparentes en el movimiento de los ingresos y egresos.
Desde 1998 al 2020 entre 33 a 35 partidos, aunque cambian de nombre y de discursos, por la Ley Electoral 33-18 han recibido más de $17 mil millones del Estado durante 22 años para financiar actividades políticas y electorales en un acceso a abundantes recursos públicos con mucha desigualdad y perversión política.
Entre los más beneficiados de estos 22 años preelectorales y electorales son el PRD que ha recibido $4,622 millones, PLD $4,354 millones, el PRSC $2,732 millones asi como también se han beneficiados 2016-2024 el PRM $452 millones y la FP $452 millones. y los partidos bisagra que recibieron más de $6 mil millones.
¿De donde salen estos recursos? El Congreso en la Ley de Presupuesto del 2023 aprobó contribuciones económicas de $1,260 millones para que la JCE entregue a los partidos y el artículo 61 de la ley electoral 33-18 distribuye esos recursos de acuerdo a los votos válidos de cada partido en las elecciones anteriores del 2020.
En esas elecciones quienes obtuvieron más del 5% reciben el 80% en partes iguales. Como el PLD saco 1,537,078 votos (37%), PRM 2,154,407,407 votos (52%), PRSC 365,226 votos (8,90%) y FP 233,538 (5.6%) reciben $252 millones C/U. Los partidos pequeños que obtuvieron más de 1% a menos 5% reciben el 12% cerca de $24 millones y del 0.01% a 1% reciben 8% alrededor de $7 Millones.
Otros ingresos vienen del candidato, de sus amigos y relacionados y de empresas. Para marzo del 2020 el PRM recibió $343 millones, otros recibieron más y otros menos. Más de 20 aportes están registrados como pendientes y más de 15 tienen fechas después de presentar el informe económico y después de finalizar las elecciones
En estos aportes del PRM hay personas sin cédulas y personas jurídicas sin RNC, nombres y apellidos con errores de escrituras e igual falta con el nombre de las empresas. Empresas que contribuyeron a la campaña de Abinader y hoy son contratistas y otras que reciben recursos como ONG y también hacen aportes a campaña.
Decenas de colaboradores de abinader entre 6 y 9 millones han creado mucha frustración pues algunos están vinculados a la corrupción otros son un desastre de gestión, muchos mantienen las mismas estructuras de corrupción del PLD pero parece ser que por sus aportes están enchufados y nada ni nadie lo puede cancelarlos.
El PRD recibió en el 2020, la suma de $200 millones por las contribuciones del Estado y aparece con pagos y desembolsos por más de $802 millones. El informe de Leonel o de la FP y de los partidos dizque progresistas no tiene ningún detalle contable. Pero ni la JCE ni los partidos investigan ni les importa nada.
El artículo 69 de la Ley 33-18 establece que los partidos deben tener mecanismos de control para crear y mantener un sistema contable que reflejen los ingresos y egresos pero con esta partidocracia pervertida en el poder nada ni nadie puede garantizar pulcritud y es la JCE que debe regular esta ley y actuar en consecuencia.
Juan Francisco Mojica
Articulista
