Por Servicios de Primermomento.com
La Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional y la Fiscalía de la provincia Peravia están en la obligación de suministrar informaciones detalladas a los medios de comunicación social acerca de las circunstancias agravantes que rodean la muerte violenta de José Rolando Melo.
Con esas actuaciones, las autoridades locales dan a entender de que están supeditadas a decisiones superiores cuando se trata de crímenes graves y más serios.
El crimen de José Rolando Melo tiene características de que su homicida actuó con alevosía porque no corrió ningún riesgo que provocara una reacción defensiva por parte de la víctima.
Tanto los parientes de José Rolando Melo como la población de la provincia Peravia desconocen, hasta ahora, quién fue el autor material de esas balas asesinas, aunque la Policía tenga a mano la evidencia de un audiovisual que revela importantes pistas para identificar al sospechoso de ese sangriento hecho que ha consternado a los banilejos.
El presidente Luis Abinader, quien encabeza todos los lunes la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, debe estar completamente informado de lo que ha ocurrido en Baní, porque la hoy viuda Carmen Leyda Scarfullery de Melo es una candidata a diputada por el ofiicialista Partido Revolucionario Moderno.
Con todos los recursos económicos y tecnológicos a su alcance recibidos desde el Gobierno nacional, la Policía aún no ha podido apresar al prófugo de la justicia, y el caso ha creado rumores y especulaciones.
En ese sentido, tiene razón el abogado banilejo Jorge de los Santos cuando asegura que José Rolando Melo fue una víctima más de la debilidad de un sistema judicial que no ha sido capaz de arrestar y procesar a los responsables de este homicidio calificado, premeditado e intencional.
Las fuerzas vivas de la nación deben abocarse a una reforma judicial integral para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan hacer un trabajo más efectivo en contra del crimen y al servicio de la ciudadanía.
