SENASA bajo sospecha: el último gran escándalo que sacude al Estado dominicano

Por Marino L. Chalas Tejeda 

La República Dominicana está presenciando, posiblemente, uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa desde la asunción del presidente Luis Abinader en 2020: el caso SENASA. Se habla de montos que oscilan entre 21 mil millones hasta más de 40 mil millones de pesos dominicanos, cifras escandalosas en un sistema de salud ya precario. La magnitud del caso y las potenciales implicaciones políticas y judiciales lo convierten en un verdadero termómetro del combate a la impunidad en el país.

¿Qué es SENASA y por qué importa?

El Seguro Nacional de Salud (SENASA) es una pieza clave de la cobertura sanitaria pública dominicana, especialmente para los afiliados al régimen subsidiado, muchos de los cuales son los sectores más vulnerables, mas empobrecidos . Los recursos que gestiona deben garantizar atención médica, medicamentos, procedimientos quirúrgicos y cobertura de servicios esenciales.

Cuando una institución así se ve envuelta en denuncias graves de corrupción, el impacto no es solo financiero, sino humano: quienes más dependen del sistema pueden quedar desprotegidos.

Génesis u origen del escándalo

Las denuncias empezaron a filtrarse hace semanas, especialmente por medios de prensa investigativa. Se han señalado estructuras internas dentro de SENASA que autorizaban procedimientos médicos, ordenaban compras y pagos, sin que los afiliados los hubiesen solicitado o sin que llegasen a realizarse.

Algunos aspectos clave que han emergido:

• Se habría operado un “call center paralelo” que gestionaba autorizaciones fraudulentas, utilizando identidades reales de afiliados.
• Muchas atenciones figuraban como realizadas cuando en realidad jamás se llevarían a cabo.
• Las transacciones sospechosas se hicieron de forma expedita, evitando controles internos.
• En las denuncias se mencionan nombres de funcionarios de alto nivel en SENASA, como responsables de gabinete, planificación, finanzas, consultoría jurídica, entre otros.
• En algunos casos, clínicas privadas habrían recibido pagos por servicios que nunca prestaron o que ya estaban contemplados y entregados de forma gratuita por el Ministerio de Salud. Estas irregularidades se habrían extendido durante al menos cuatro años, lo que indica que no es un desfalco aislado, sino un entramado diseñado para perdurar.

En cuanto a los montos involucrados, algunas versiones hablan de más de 41 mil millones de pesos, aunque otras estimaciones son más conservadoras.

Reacción del gobierno y del Ministerio Público

Ante la presión mediática y social, el gobierno ha reaccionado con una estrategia de contención institucional:

• El presidente Abinader afirma que fue su propio gobierno el que solicitó la investigación en noviembre de 2024.
• Santiago Hazim, exdirector de SENASA, fue destituido, y Edward Guzmán fue designado como nuevo director ejecutivo.
• • Se encargó la entrega de un informe técnico con los hallazgos al Ministerio Público (Procuraduría General), lo que convierte al caso en asunto penal.
  • Varias entidades, incluyendo la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Salud (SISALRIL) y la Procuraduría Antifraude, están involucradas en auditorías y revisiones.
  • La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha solicitado a la periodista Nuria Piera las emisiones de su programa investigativo relacionadas con SENASA, con el propósito de recabar pruebas. El Estado se ha constituido como querellante y actor civil en el proceso, lo que le da legitimidad formal a exigir la restitución de lo robado. Además, el gobierno puso en marcha el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el cual participará en acciones legales para recuperar bienes y recursos desviados.El proceso judicial ya está en curso: los exfuncionarios están siendo sometidos a imputaciones por delitos como estafa agravada, falsedad en documentos privados y públicos, asociación de malhechores, alteración de registros electrónicos, prevaricación y lavado de activos.

    Las penas podrían alcanzar hasta 20 años de reclusión mayor para quienes resulten hallados culpables.

    La ciudadanía, la crítica política y el temor latente

    Desde el ámbito político, el caso SENASA ha levantado rechazos y demandas de esclarecimiento profundo. El excandidato presidencial Abel Martínez calificó el caso como un «crimen contra la salud del pueblo», exigiendo que no haya impunidad.

    Para muchos ciudadanos, este escándalo confirma lo que ya se temía: que los compromisos de “cero tolerancia contra la corrupción” del gobierno han sido más retóricos que efectivos. La memoria institucional sobre los grandes casos de corrupción no resueltos refuerza la impaciencia: los ciudadanos desean ver no solo investigaciones, sino condenas y recuperaciones reales.

    Existe una profunda desconfianza en que este caso termine como tantos otros: con titulares, imputaciones, demoras judiciales, acuerdos oscuros o sobreseimientos. La debilidad estructural del sistema judicial, los recursos limitados para investigaciones complejas, y la posible influencia de actores poderosos complican la promesa de una justicia plena.

    Así las cosas, la pregunta que muchos se hacen es: ¿los responsables materiales e intelectuales serán verdaderamente sancionados? ¿Se devolverá el dinero público saqueado? ¿O acabará siendo otro escándalo más en la larga historia de la impunidad?

    Para que este caso no siga la ruta habitual de otros, se require de las siguientes condiciones:

    1. Transparencia pública: que se divulguen las pruebas, auditorías, avances y motivaciones, no solo a funcionarios, sino al pueblo.
    2. Protección de denunciantes y testigos: para evitar intimidaciones o represalias que inhiban el flujo de información.
    3. Independencia judicial: que los jueces no estén sujetos a presiones políticas o mediáticas, sino que actúen con rigor técnico.
    4. Fortalecimiento institucional: de los órganos de control (Cámara de Cuentas, Contraloría, Tribunal Superior Administrativo, etc.).
    5. Recuperación efectiva de activos: que los recursos desviados se identifiquen, recuperen y se reintegren al sistema sanitario nacional.
    6. Seguimiento social de la ciudadanía activa: que los medios, organizaciones y ciudadanos no dejen pasar el caso y exijan resultados concretos y con celeridad.En resumen, entre el deseo de justiciar y el escepticismo el escándalo SENASA representa una prueba de fuego para el gobierno de Luis Abinader. Si no logra convertir este caso en un símbolo de justicia efectiva, quedará como otro episodio fallido de lucha contra la corrupción.

       Los ciudadanos merecen algo más que discursos: merecen certezas, sanciones y la restitución de lo robado.

       En este momento, la historia está en sus primeros capítulos. Será tarea de periodistas, fiscales, ciudadanos y jueces asegurarse de que no termine en un epílogo simulado. Y sobre todo, que el daño más grande —el debilitamiento institucional y el perjuicio a miles de dominicanos que dependen del sistema de salud pública tenga respuestas concretas.

       Fuentes consultadas: Listin Diario, Diario Libre, Nuevo Diario, Cachicha.com, El Nacional, Último Minuto,Presidencia de la República, y Domincan Today.