• Este informe destaca el intento de desalojo de sus terrenos a los residentes de Los Tres Brazos y los actos de corrupción del Consorcio Odebrecht cometidos en la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ambos casos aún pendientes de solución, especialmente en el segundo que aún no se ha abierto persecución penal. Las organizaciones que han participado en esos dos casos y que han colaborado con el informe de la FIDH, hacen de conocimiento público sus esfuerzos para que la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, los reciba con la finalidad de abordar el fin de la impunidad que hasta ahora ha disfrutado Odebrecht. Al pie de la reseña, está el enlace de acceso al texto completo del informe de la FIDH que contiene estos dos casos de RD y otros de Guatemala, Venezuela, Colombia y Brasil.
Por Servicios de Primermomento.com
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El recién publicado informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, incluyó la Central Termoeléctrica Punta Catalina y el despojo de los residentes de Los Tres Brazos de sus viviendas, como casos de corrupción emblemática de América Latina y el Caribe.
Los sobornos de Odebrecht dieron como resultado la construcción de una central de carbón que viola los derechos a un medioambiente sano, a acceso a aire y agua limpia, y a la salud de la población, especialmente de la infancia, mientras que la corrupción administrativa produjo el desalojo de alrededor de 60 mil personas de un barrio de Santo Domingo, cuyos terrenos fueron vendidos con la gente dentro.
El informe de la FIDH recoge junto a estos casos de la República Dominicana otros de Venezuela, Guatemala, Brasil y Colombia que fueron presentados el año pasado ante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La FIDH resalta que en todos esos casos la corrupción tuvo impactos en los derechos humanos de personas y comunidades concretas, que la corrupción sí tiene víctimas.
En Venezuela, los casos consistieron en el desvío de fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, y en contratos irregulares con Odebrecht, en Guatemala, en el contrato irregular de vacunas Sputnik V y en el desmantelamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad,CICIG, que dejó muertes sin justicia y persecución a quienes combatían la corrupción, y en Colombia, los sobornos en la Ruta del Sol II que afectaron a más de 20 mil familias y dejaron a comunidades enteras sin reparación.
Por último en Brasil, la corrupción consistió en la red de sobornos de Odebrecht y la anulación de pruebas clave que frenaron la justicia en ese país y en toda América Latina.
Las entidades que colaboraron con la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, en la confección de este informe son Transparencia Internacional de Brasil, Transparencia por Colombia y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, CAJAR, de Colombia, Acción Ciudadana y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, de Guatemala, y Transparencia Venezuela y PROVEA de Venezuela.
En República Dominicana, las organizaciones que colaboraron con la elaboración de este informe son el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, la Comisión Nacional de Derecho Humanos, CNDH-RD, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
El informe advierte que en muchos de los países de América Latina la corrupción se está tornando sistemática con la captura de estructuras estatales.
Este fenómeno se produce a través de la corrupción generada por el crimen organizado que busca comprar la fuerza pública, los gobiernos locales, los jueces para controlar el territorio, pero también por élites cleptocráticas que buscan llegar y mantenerse en el poder para desviar los fondos a su favor, e igualmente por empresas que, a través de sobornos, incumplen sus obligaciones legales u obtienen indebidamente contratos públicos o concesiones.
Al abordar la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, el informe insiste en que la corrupción tiene consecuencias tangibles y directas sobre la población al exacerbar las desigualdades sociales en una región en donde prevalece la mayor tasa de disparidad socioeconómica en el mundo.
Advierte que esta situación –además de suponer un evidente lastre económico para los países de la región– incide de manera significativa en los sectores más desfavorecidos de la población, al incrementar los costes y limitar el acceso a servicios públicos fundamentales, tales como la salud, la educación y la vivienda.
Apertura de persecución penal contra Odebrecht
En el marco de la difusión del informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, sobre la corrupción en el Continente, las organizaciones dominicanas que colaboraron en la elaboración de este documento, reiteraron a la Procuradora General de la República, PGR, Yeni Berenice Reynoso, la demanda de apertura de persecución penal contra el Consorcio Odebrecht por los actos de corrupción cometidos en la construcción de Punta Catalina.
Informaron que desde el 2 de marzo pasado están a la espera de que la procuradora Reynoso reciba a los representantes del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.
En esa fecha, las organizaciones solicitaron cita a la magistrada para tratar sobre la apertura de la persecución penal contra Odebrecht y sus socios, y aún no reciben respuesta.
En la carta que dirigieran a la magistrada Reynoso las entidades les recuerdan que el 30 de agosto de 2024, cuando ella era en ese entonces directora del Departamento de Persecución de la Procuraduría General de la República, abordaron el tema, y después cuando fue nombrada en su actual puesto, le dirigieron una comunicación el 20 de marzo del año pasado, felicitándola por su nombramiento y reiterándole que continuaban esperando que los recibiera para proseguir la conversación sobre la corrupción cometida en Punta Catalina.
Las entidades no se explican que aún no se haya abierto las investigaciones sobre los actos de corrupción de Punta Catalina cuando ya se dispone de un informe de la Cámara de Cuentas que reporta una sobrevaluación de más de mil millones de dólares en construcción de esta obra, gastos por más de 400 millones de dólares sin ningún sustento y una cantidad indeterminada de dinero gastado sin que exista ningún soporte desde la cuenta Construcción Punta Catalina después que esta central comenzara a operar, a pesar de que la Cámara de Cuentas lo solicitara expresamente.
Además, el pasado 9 de septiembre, depositaron en la Procuraduría General de la República, PGR, una masiva querella de alrededor de 500 querellantes en contra de la contaminación de Punta Catalina y en contra de los actos de corrupción que cometieron el Consorcio Odebrecht y sus cómplices en esa obra.
Emplazaron a la magistrada Reynoso a que los reciba e inicie las investigaciones sobre los crímenes del Consorcio de Odebrecht, poniéndole fin a la impunidad que han gozado esta empresa y sus cómplices.
Nota: Este es el enlace para acceder al texto íntegro del Informe de la FIDH:
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh-report-la_corrupcion_si_tiene_victimas.pdf
