Por Servicios de Primermomento.com
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio a responder por los delitos que se les imputan.
En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitido por el tribunal en el caso de José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas, y otros 3 acusados.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
“En primer lugar, la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy, hace referencia a 40 personas acusadas, entre personas físicas y personas morales; 35 de ellas han sido enviadas a juicio, incluyendo el caso de Ángel, Donald Guerrero, que es el eje operativo de esta estructura criminal”, dijo Camacho a periodistas de la fuente judicial que lo abordaron luego de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas para que se declarara la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.
“El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio a cinco personas, y, desde ahora, le podemos decir que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, adelantó.
“Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.
En ese sentido, dijo que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. “Esos mismos testimonios, a viva voz del tribunal, y está grabado en la audiencia; el tribunal, ni se refirió, cuando dictó estos autos de no ha lugar; por ende, no valoró correctamente esta prueba”.
“El tribunal, incluso, dio un auto de no ha lugar a uno de los acusados que, en un documento que aportó el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra, por seis personas, incluyendo algunas de ellas que estaban fallecidas”, dijo.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó.
“Yo creo que se hace necesario repetir, que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda de ese momento está enviado a juicio en este proceso junto a otras 34 personas”, precisó el director general de Persecución.
Asimismo, agregó “eso deja al Ministerio Público con un caso en el que ofertó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio y están enviados a juicio”.
La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.
El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación lo encabezó el procurador adjunto Wilson Camacho junto a los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
El expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo del año 2026. Ese día se cerraron los debates y todas las partes quedaron convocadas para el viernes a las 3:00 de la tarde, para escuchar la decisión. La audiencia inició pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó pasadas las 11 de la noche.
El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes. Por lo avanzado de la hora la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.
El proceso penal
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.
La Operación Calamar se puso en marcha el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
