Por Servicios de Primermomento.com
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a un hombre arrestado en flagrante delito ejerciendo violencia de género contra su pareja, en un hecho ocurrido en el sector Gascue.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$400 mil mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el imputado Po Xie, para quien el Ministerio Público, representado por el fiscal Guillermo Soriano, adscrito a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, había solicitado prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la residencia que compartían el imputado y la víctima.
El expediente establece que la víctima se encontraba en la vivienda cuando el imputado ingresó utilizando su llave de acceso y tomó una funda plástica para recoger sus pertenencias. Posteriormente, tomó el teléfono celular de la víctima y lo lanzó al piso.
La investigación, indica, además, que el imputado se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y manifestó a la víctima que se autolesionaría para alegar que ella lo había agredido.
Ante la situación, un hijo de la víctima alertó a su abuela sobre lo ocurrido, quien posteriormente contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Más adelante, el imputado y la víctima descendieron al área de parqueo de la torre residencial, donde fueron encontrados por una patrulla de la Policía Nacional en medio de una discusión, procediendo los agentes al arresto en flagrante delito del imputado y a su traslado ante las autoridades correspondientes.
El informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima ha sido objeto de violencia física, psicológica y verbal, y que existe riesgo de continuidad de la violencia.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales C y D, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 89 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
