Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos decisiones judiciales conocidas hoy reflejan una realidad preocupante: la persistencia de la violencia de género y la agresión intrafamiliar en la República Dominicana.
En ambos casos, los tribunales impusieron tres meses de prisión preventiva a hombres acusados de atacar y acosar a sus exparejas.
Aunque se trata de procesos distintos, los hechos muestran patrones similares de conducta: amenazas, abuso físico, hostigamiento y persecución contra mujeres que intentaban poner fin a una relación.
En la provincia La Altagracia, un hombre fue enviado a prisión tras ser acusado de golpear, amenazar de muerte y acosar de manera reiterada a su expareja.
De acuerdo con la investigación, acudía frecuentemente a la vivienda de la víctima, intentaba ingresar sin autorización al residencial e incluso manifestó a personas de su entorno su intención de adquirir un arma de fuego.
En el Distrito Nacional, otro imputado fue arrestado luego de varios meses de búsqueda por presuntos actos de violencia verbal y psicológica contra su expareja.
Las autoridades señalaron que el imputado ya tenía antecedentes judiciales por hechos violentos ocurridos en 2021, cuando supuestamente intentó lanzar a una mujer desde un balcón.
Los dos casos ponen de manifiesto una característica común en muchos episodios de violencia de género: la escalada progresiva de las agresiones.
Lo que comienza con insultos, control o intimidación puede derivar en amenazas graves, agresiones físicas e incluso intentos de homicidio.
Las medidas adoptadas por los tribunales buscan proteger a las víctimas mientras avanzan las investigaciones.
Sin embargo, estos expedientes también evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección efectiva para las féminas que denuncian maltrato.
La reiteración de hechos similares en distintas regiones del país demuestra que la violencia de género continúa siendo uno de los principales retos sociales y judiciales de República Dominicana, un problema que requiere no solo respuesta penal, sino también educación, acompañamiento institucional y acciones preventivas sostenidas.
