Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, del partido Fuerza del Pueblo, afirmó hoy que el plan fiscal trasladará unos 50 mil millones de pesos (847.5 millones de dólares) desde el sector privado al Estado dominicano.
Ng Cortiñas señaló que la medida llega en un contexto de desaceleración económica, inflación de precios de los alimentos y reducción de la liquidez, lo que considera desfavorable para la aplicación de nuevas cargas tributarias.
El dirigente opositor advirtió además que parte del impacto se reflejaría en los importes de bienes y servicios, elevando el costo de vida, y cuestionó la composición del gasto público, señalando que por cada 100 pesos (1.69 dólares), alrededor de 90 pesos (1.53 dólares) se destinan a gastos corrientes y 10 pesos (0.17 dólares) a inversión.
Asimismo, apuntó que la economía ha registrado una reducción de liquidez reciente: cerca de nueve mil millones de pesos (152.5 millones de dólares) menos en circulación y una caída de aproximadamente 16 mil millones (271.2 millones de dólares) en el medio circulante, detalló.
Sostuvo que el impacto de la reforma no debe medirse solo por la recaudación, sino por sus efectos en el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social.
Planteó que la evaluación final dependerá de si los beneficios superan los costos para la población y los sectores productivos.
La reforma fiscal aprobada la víspera por el Poder Ejecutivo busca aumentar los ingresos del Estado en unos 50 mil millones de pesos (847.5 millones de dólares) para fortalecer las finanzas públicas y financiar medidas de respuesta a la crisis económica derivada del conflicto entre Irán y Estados Unidos.
Entre las principales medidas figuran el aumento temporal del Impuesto sobre la Renta (ISR) para grandes contribuyentes, que se elevará del 27 por ciento al 30 por ciento entre 2026 y 2028. A partir de 2029 volverá a la tasa vigente del 27 por ciento.
Asimismo, contempla el incremento de impuestos a diversos sectores económicos y actividades específicas, con el objetivo de ampliar la recaudación, además de medidas para reforzar el control tributario y reducir la evasión fiscal.
El Gobierno sostiene que la ley permitirá fortalecer la capacidad financiera del Estado, mientras sectores de oposición expresan preocupación por su impacto en el crecimiento económico, los precios y la inversión.
