Por The Associated Press
Washington, EEUU.- La Corte Suprema permitió el jueves al gobierno de Trump poner fin a las protecciones legales para migrantes que huyen de la violencia y de desastres naturales en Haití y Siria, lo que expone a cientos de miles de personas más a una posible deportación.
La decisión 6-3 revoca órdenes de tribunales inferiores y permite que el Departamento de Seguridad Nacional ponga fin con rapidez al Estatus de Protección Temporal, un programa que protege a un total de 1,3 millones de personas de 17 países frente a la deportación.
El gobierno republicano de Trump sostuvo ante los jueces que estos no pueden cuestionar las decisiones de los funcionarios de inmigración sobre esas protecciones, que estaban concebidas para ser temporales.
La mayoría conservadora del tribunal estuvo de acuerdo, al concluir que la ley que creó el programa mantiene a los tribunales fuera del proceso. “Las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial”, escribió el juez Samuel Alito.
Abogados de inmigración afirmaron que los países siguen siendo inseguros y sostuvieron que el gobierno terminó las protecciones mediante un proceso ilegalmente apresurado, teñido de animadversión racial. Durante su campaña presidencial de 2024, Trump amplificó falsos rumores de que inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiéndose perros y gatos.
La mayoría del tribunal determinó que las declaraciones de Trump y su gobierno no eran “abiertamente raciales”. Alito indicó que el pueblo haitiano no debería enfrentar ataques a su carácter. “Pero, piense lo que piense uno de las declaraciones citadas, son insuficientes para demostrar que la terminación de la designación de TPS de Haití se basó en la raza del pueblo haitiano”, escribió.
Los tres jueces liberales del tribunal discreparon, al escribir que la ley sí permite que los jueces intervengan si los funcionarios eluden el proceso para poner fin a las protecciones. La raza, mientras tanto, sí parece haber desempeñado un papel, escribió la jueza Elena Kagan.
“La evidencia está ahí, a la vista de todos, en las declaraciones del Presidente, que la mayoría (y, de hecho, sus propios abogados) ni siquiera pueden soportar repetir”, escribió. “Respetuosamente, disiento de la decisión de la Corte de que, en cambio, puedan ser puestos en el próximo avión”.
Abogados de los inmigrantes haitianos dijeron que los haitianos estarían en peligro si fueran enviados de regreso. “En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema resultará directamente en que miles de personas inocentes mueran muertes violentas e innecesarias”, dijeron Geoff Pipoly y Andy Tauber.
Instaron al Senado a aprobar una extensión de las protecciones contra la deportación para los haitianos. Esa medida ha quedado estancada desde que fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril con una inusual votación bipartidista.
Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés), también condenó la decisión.
“Este fallo es una devastadora traición a las familias haitianas que han vivido, trabajado y contribuido a este país durante años —solo para ser expulsadas en base a un sentimiento anti-negro en materia de inmigración”, declaró.
El Departamento de Justicia recurrió al máximo tribunal después de que jueces aplazaran el fin del programa para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El tribunal ya se había puesto del lado del gobierno antes y permitió el fin del programa para personas de Venezuela.
Las autoridades federales niegan que el prejuicio haya influido. También citaron una decisión de la Corte Suprema durante el primer mandato de Trump que rechazó alegaciones de sesgo basadas en sus publicaciones en redes sociales y mantuvo en vigor una prohibición de viaje a varios países de mayoría musulmana.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto fin a las protecciones, incluidas algunas que habían estado vigentes durante más de una década, para personas de 13 países.
Estados Unidos concedió por primera vez protecciones a los haitianos en 2010 tras un terremoto catastrófico, y las prorrogó en múltiples ocasiones en medio de la persistente violencia de pandillas que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales.
Los sirios, por su parte, recibieron por primera vez el estatus de protección en 2012, durante una guerra civil que se prolongó por más de una década antes de la caída del gobierno del presidente Bashar Assad a finales de 2024.
El programa fue creado por el Congreso en 1990 para impedir deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles y otras formas de inestabilidad. Permite que personas que ya están en el país permanezcan con permisos de trabajo en periodos de hasta 18 meses, pero no ofrece una vía hacia la ciudadanía.
