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Por Servicios de Primermomento.com<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- Los procesados por corrupci\u00f3n administrativa en el caso contra Jochi G\u00f3mez, Hugo Beras y compartes se exponen a penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, explic\u00f3 el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar la decisi\u00f3n con la que el Ministerio P\u00fablico obtuvo auto de apertura a juicio para el grupo encartados en el expediente por defraudar al Estado dominicano.<\/p>\n Al acoger la solicitud del Ministerio P\u00fablico, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dict\u00f3 auto de apertura a juicio contra el empresario Jochi G\u00f3mez, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (Intrant).<\/p>\n A ellos se suman Frank Rafael Atilano D\u00edaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comit\u00e9 de Compras; Juan Francisco \u00c1lvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos Jos\u00e9 Peguero Vargas.<\/p>\n Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora V\u00e1zquez y Henry Dar\u00edo F\u00e9liz Casso.<\/p>\n Tambi\u00e9n, las personas jur\u00eddicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.<\/p>\n Esta organizaci\u00f3n criminal estaba conformada por funcionarios p\u00fablicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posici\u00f3n o sus conexiones pol\u00edticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Su actuaci\u00f3n se caracteriz\u00f3 por una planificaci\u00f3n meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicaci\u00f3n irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez Cana\u00e1n (Jochi G\u00f3mez).<\/p>\n El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, destac\u00f3 el avance del proceso tras la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Procesal Penal de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n \u201cHay varias cosas que hay que resaltar sobre este proceso; el primero, es la primera acusaci\u00f3n que se conoce con la modificaci\u00f3n que se hizo al C\u00f3digo Procesal Penal y ustedes podr\u00e1n darse cuenta que, desde el dep\u00f3sito de la acusaci\u00f3n al d\u00eda de hoy han transcurrido solo seis meses, y ya este caso va a juicio, lo que evidencia la rapidez con la que se pueden conocer los procesos penales a partir de la modificaci\u00f3n\u201d, destac\u00f3, al responder a los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia.<\/p>\n \u201cEn relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n que tom\u00f3 el tribunal en el d\u00eda de hoy, hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio P\u00fablico y esta es una de esas decisiones, el tribunal excluy\u00f3 el tipo penal de terrorismo sobre una visi\u00f3n que tiene el tribunal de que no se da la participaci\u00f3n subjetiva del tipo penal\u201d, dijo.<\/p>\n Sin embargo, destac\u00f3 que retuvo el tipo penal de sabotaje, la cual permite retener la parte objetiva del tipo penal. \u201cY esta es una cuesti\u00f3n que puede perfectamente resolverse en juicio, en la medida en que el Ministerio P\u00fablico pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar en juicio que el tribunal que conozca del mismo var\u00ede la calificaci\u00f3n, as\u00ed que esto no es un problema para el Ministerio P\u00fablico\u201d, dijo.<\/p>\n Sostuvo que el caso llevado por el Ministerio P\u00fablico se mantiene fortalecido, \u201cporque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje\u201d.<\/p>\n \u201cEs como decir que el tribunal retuvo el tipo penal en el 90%, el resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahoguen las pruebas\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n \u201cLa calificaci\u00f3n jur\u00eddica que retiene el tribunal, incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 a\u00f1os de reclusi\u00f3n\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n Camacho encabez\u00f3, junto a la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (Pepca), el equipo litigante que represent\u00f3 al Ministerio P\u00fablico durante la audiencia, junto a los fiscales Jonathan El\u00edas P\u00e9rez, Emmanuel Ram\u00edrez, Miguel Collado y Arolin Lemos.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico acusa al grupo de integrar una red criminal dedicada a la corrupci\u00f3n, sabotaje y terrorismo, la cual fue desmantela tras la puesta en marcha de la Operaci\u00f3n Camale\u00f3n en el a\u00f1o 2024.<\/p>\n La Pepca present\u00f3 acusaci\u00f3n por el caso contra las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas en el mes de octubre del pasado a\u00f1o 2025.<\/p>\n Durante el proceso, declarado complejo, el Ministerio P\u00fablico estableci\u00f3 la existencia de diversas l\u00edneas delictivas, incluyendo corrupci\u00f3n administrativa, fraude en contrataciones p\u00fablicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras cr\u00edticas, contrabando, falsificaci\u00f3n, delitos de alta tecnolog\u00eda, actos de terrorismo en infraestructura cr\u00edtica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a trav\u00e9s del Intrant y el Ministerio de Defensa.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico determin\u00f3 que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorg\u00f3 acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos p\u00fablicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnol\u00f3gica y legalidad administrativa.<\/p>\n El eje central del esquema es Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez Cana\u00e1n, quien mantiene v\u00ednculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su direcci\u00f3n, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnol\u00f3gico, consolidando su control sobre infraestructuras cr\u00edticas y recursos estrat\u00e9gicos del Estado.<\/p>\n Cargos que enfrentan<\/strong><\/p>\n Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez Cana\u00e1n es se\u00f1alado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semaf\u00f3ricos, videovigilancia y espionaje tecnol\u00f3gico, adem\u00e1s del sabotaje a la red semaf\u00f3rica del Gran Santo Domingo.<\/p>\n Hugo Beras facilit\u00f3 adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad t\u00e9cnica y particip\u00f3 en la manipulaci\u00f3n de la red semaf\u00f3rica y del sistema de videovigilancia.<\/p>\n Frank D\u00edaz Warden manipul\u00f3 licitaciones y decisiones del Comit\u00e9 de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupci\u00f3n. Juan Francisco \u00c1lvarez Carbuccia emiti\u00f3 certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.<\/p>\n Pedro Vinicio Padovani B\u00e1ez supervis\u00f3 el centro de control de tr\u00e1fico y particip\u00f3 en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semaf\u00f3rica.<\/p>\n Carlos Jos\u00e9 Peguero Vargas moviliz\u00f3 fondos a trav\u00e9s de Inprosol S.R.L.<\/p>\n Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora V\u00e1zquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia G\u00f3mez Cana\u00e1n.<\/p>\n Henry Dar\u00edo Feliz Cass\u00f3 oper\u00f3 como intermediario financiero en el desv\u00edo y lavado de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n Con relaci\u00f3n a las personas jur\u00eddicas, la acusaci\u00f3n establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semaf\u00f3rica. PagoRD Xchange S.R.L. se emple\u00f3 para apropiaci\u00f3n de ingresos p\u00fablicos y adquisici\u00f3n de bienes de lujo. Aurix S.A.S. se destin\u00f3 al espionaje y sabotaje tecnol\u00f3gico.<\/p>\n Inprosol S.R.L. funcion\u00f3 como veh\u00edculo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquiri\u00f3 bienes inmuebles con fondos il\u00edcitos.<\/p>\n El grupo fue acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociaci\u00f3n de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, adem\u00e1s de sabotaje, robo de identidad, cr\u00edmenes y delitos contra la naci\u00f3n y actos de terrorismo, adem\u00e1s de incurrir en cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda y uso de documento privado . Tambi\u00e9n, fueron acusados por contrabando y violaci\u00f3n a la Ley de Armas.<\/p>\n Dichas conductas est\u00e1n tipificadas y sancionadas por varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana, C\u00f3digo Penal Dominicano y de la Ley n\u00fam. 53-07, contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, Ley n\u00fam. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la ley 631-16, para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley n\u00fam. 17-19 sobre la Erradicaci\u00f3n del Comercio Il\u00edcito, Contrabando y Falsificaci\u00f3n de Productos Regulados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u2022 El Ministerio P\u00fablico obtuvo el auto de apertura a juicio contra Jochi G\u00f3mez, Hugo Beras y compartes, mientras los acusados se exponen a sentencias de hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel, explic\u00f3 el procurador adjunto Wilson Camacho, al ponderar el Auto de Apertura a Juicio contra el grupo procesado por corrupci\u00f3n administrativa. 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La jueza rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad del expediente presentada por la defensa de Hugo Beras y mand\u00f3 a juicio, adem\u00e1s, a Pedro Vinicio Padovani B\u00e1ez y Samuel Gregorio Baquero Sep\u00falveda, exencargado del Centro de Control de Tr\u00e1fico y exdirector de Tecnolog\u00eda del Intrant, respectivamente.<\/p>\n
\nSamuel Gregorio Baquero Sep\u00falveda facilit\u00f3 el control t\u00e9cnico de la red semaf\u00f3rica y falsific\u00f3 certificaciones.<\/p>\n
\nIndustria Soltex Dominicana S.R.L. particip\u00f3 en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubri\u00f3, desvi\u00f3 y manipul\u00f3 licencias.<\/p>\n