{"id":473327,"date":"2026-09-07T10:03:45","date_gmt":"2026-09-07T14:03:45","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=473327"},"modified":"2026-09-07T10:03:45","modified_gmt":"2026-09-07T14:03:45","slug":"solicitan-al-tc-revision-de-sentencia-que-rechazo-amparo-que-exige-que-presidente-abinader-cumpla-con-politicas-ambientales-y-climaticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=473327","title":{"rendered":"Solicitan al TC revisi\u00f3n de sentencia que rechaz\u00f3 amparo que exige que presidente Abinader cumpla con pol\u00edticas ambientales y clim\u00e1ticas"},"content":{"rendered":"

Por Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Comit\u00e9 Nacional de Lucha Contra el Cambio Clim\u00e1tico, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protecci\u00f3n del Medio Ambiente, INSAPROMA, informaron que depositaron ante el Tribunal Constitucional, una solicitud de revisi\u00f3n de la sentencia que rechaz\u00f3 el amparo interpuesto por las organizaciones exigiendo que el presidente de la Rep\u00fablica y los principales funcionarios cumplan la Constituci\u00f3n, leyes y disposiciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio clim\u00e1tico y la transici\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p>\n

Las organizaciones requirieron mediante la acci\u00f3n de amparo constitucional el cumplimiento efectivo de la aplicaci\u00f3n de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, incluido el fondo especial para energ\u00edas renovables, la Ley 57-07 sobre Incentivo a las Energ\u00edas Renovables incluida la meta de que la energ\u00eda renovable alcanzara el 25% de la matriz el\u00e9ctrica del pa\u00eds al a\u00f1o 2025, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el marco del Acuerdo de Par\u00eds sobre Cambio Clim\u00e1tico.<\/p>\n

Despu\u00e9s de un a\u00f1o y unos d\u00edas de haber emitido la sentencia, la 4ta. Sala del Tribunal Superior Administrativo, TSA, presidido por el juez Rom\u00e1n A. Berroa Hiciano, junto con las juezas Claudia Mar\u00eda Pe\u00f1a Pe\u00f1a y Cecilia Bad\u00eda Rosario, comunic\u00f3 en esta sentencia que hab\u00eda rechazado el amparo de cumplimiento acogiendo un incidente procesal presentado por las partes acusadas en el proceso.<\/p>\n

En efecto la sentencia fue emitida el 26 de agosto de 2025 y notificada un a\u00f1o y dos d\u00edas despu\u00e9s a las entidades que depositaron el amparo constitucional de cumplimiento.<\/p>\n

Las entidades actuantes desmienten en la solicitud de revisi\u00f3n al Tribunal Constitucional que los litigantes del Gobierno hubiesen alegado el incidente procesal se\u00f1alado en la sentencia que sirvi\u00f3 de fundamento para rechazar el amparo de cumplimiento.<\/p>\n

Explicaron que el tribunal se invent\u00f3 que los recurridos del Gobierno hab\u00edan se\u00f1alado que exist\u00eda una incongruencia entre lo que hab\u00edan solicitado las organizaciones a los recurridos y las conclusiones del amparo.<\/p>\n

\u201cEn ning\u00fan momento los litigantes del Gobierno citaron este incidente procesal aunque s\u00ed otros que no fueron tomados en cuenta por el tribunal, por lo cual las organizaciones no tuvieron la oportunidad de debatir, contradecir o ejercer su leg\u00edtimo derecho a la defensa ante este aspecto espec\u00edfico\u201d, dijeron.<\/p>\n

Acusaron al tribunal de\u00a0transformarse de juez imparcial en un defensor oficioso de la parte contraria.<\/p>\n

\u201cLa garant\u00eda del debido proceso, consagrada en el art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, proh\u00edbe de manera absoluta que los tribunales sorprendan a los litigantes con fundamentos y suposiciones de hecho y de derecho que no formaron parte del debate contradictorio ni de las conclusiones de las partes\u201d, alegaron.<\/p>\n

Por otro lado, negaron que exista la incongruencia o contradicci\u00f3n que indica la sentencia entre el escrito inicial del proceso llamado acto de puesta en mora y advertencia, y las conclusiones finales del amparo.<\/p>\n

\u201cPeor a\u00fan, la sentencia no aporta ninguna prueba o ejemplo de esta supuesta incongruencia o contradicci\u00f3n, a pesar de que utiliza este pretexto para no examinar de manera sustancial las obligaciones invocadas, dejando sin tutela efectiva mandatos legales relacionados con la utilizaci\u00f3n de recursos destinados a energ\u00edas limpias, las metas de incorporaci\u00f3n de energ\u00edas renovables y los compromisos nacionales vinculados con la descarbonizaci\u00f3n y el cambio clim\u00e1tico\u201d, adujeron<\/p>\n

Expusieron que con la decisi\u00f3n, el tribunal debilita el principio de supremac\u00eda constitucional y el car\u00e1cter efectivo de las garant\u00edas jurisdiccionales, particularmente cuando se encuentran comprometidos intereses difusos y colectivos cuya protecci\u00f3n trasciende el inter\u00e9s individual de las partes.<\/p>\n

Afirmaron que la tutela judicial efectiva exige evitar que formalidades procesales carentes de una justificaci\u00f3n concreta impidan el examen de obligaciones p\u00fablicas cuya observancia puede incidir directamente en la protecci\u00f3n del ambiente y en los derechos de las generaciones presentes y futuras.<\/p>\n

Se\u00f1alaron que recientes opiniones consultivas emitidas por el Tribunal Internacional de Derechos del Mar (TIDM) n\u00famero 31, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, OC-32\/25 y por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, del a\u00f1o 2025, establecen que los Estados poseen la obligaci\u00f3n de debida diligencia reforzada en las supervisi\u00f3n, regulaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de actividades que generan o fomenten el uso de combustible f\u00f3siles.<\/p>\n

Estas opiniones consultivas advierten que el otorgamiento de licencias o la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las metas de descarbonizaci\u00f3n e incentivos a las energ\u00edas limpias se puede constituir en il\u00edcito internacional imputable al Estado por incumplimiento de sus deberes de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n clim\u00e1tica.<\/p>\n

Las organizaciones expresaron su esperanza de que el Tribunal Constitucional, TC, revoque la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, TSA, y se avoque al conocimiento del fondo del amparo de cumplimiento y, en consecuencia, ordene al presidente de la Rep\u00fablica y dem\u00e1s funcionarios recurridos a cumplir con el mandato constitucional, convencional y legal solicitado por las entidades ambientales y clim\u00e1ticas en la instancia original.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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