{"id":478259,"date":"2026-11-11T08:55:40","date_gmt":"2026-11-11T13:55:40","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=478259"},"modified":"2026-11-11T08:55:40","modified_gmt":"2026-11-11T13:55:40","slug":"violencia-contra-mujeres-y-menores-vuelve-a-sacudir-a-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=478259","title":{"rendered":"Violencia contra mujeres y menores vuelve a sacudir a Dominicana"},"content":{"rendered":"

Por Prensa Latina<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- Dos casos de violencia contra mujeres y ni\u00f1os, conocidos hoy a trav\u00e9s del Ministerio P\u00fablico, vuelven a poner sobre la mesa la dimensi\u00f3n de un problema social que trasciende los tribunales y plantea desaf\u00edos a las instituciones dominicanas.<\/p>\n

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Uno de los hechos ocurri\u00f3 en San Juan, donde un hombre de 57 a\u00f1os est\u00e1 imputado por matar a tiros a su expareja, Jocelyn Ceballos Matrille, de 36 a\u00f1os, en un apartamento del residencial Caonabo Tower. El crimen ocurri\u00f3 el pasado 7 de noviembre, despu\u00e9s de una confrontaci\u00f3n entre ambos, seg\u00fan la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Por este caso, un tribunal impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva a Francisco Rosendo Moya Tavares, mientras el Ministerio P\u00fablico profundiza las investigaciones por el hecho, calificado provisionalmente como homicidio doloso agravado.<\/p>\n

El segundo expediente corresponde a la provincia Santiago, donde un hombre de 37 a\u00f1os enfrenta acusaciones de abuso y violaci\u00f3n sexual contra al menos cuatro menores de 7, 12, 13 y 15 a\u00f1os.<\/p>\n

La denuncia de la madre de algunas de las v\u00edctimas dio inicio a las investigaciones, que condujeron a su identificaci\u00f3n y posterior sometimiento judicial.<\/p>\n

De acuerdo con el Ministerio P\u00fablico, el imputado habr\u00eda ofrecido dinero para ganarse la confianza de las menores, a quienes posteriormente somet\u00eda a agresiones sexuales, adem\u00e1s de amenazarlas, intimidarlas y exigirles fotograf\u00edas \u00edntimas. En este caso, un tribunal orden\u00f3 un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

Analistas coinciden en que, aunque se trata de hechos diferentes, ambos expedientes tienen como denominador com\u00fan la violencia ejercida contra personas en condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n, denuncia y protecci\u00f3n.<\/p>\n

Las medidas de coerci\u00f3n representan pasos dentro de los procesos judiciales, pero no reparan el da\u00f1o causado ni sustituyen la responsabilidad del Estado de actuar antes de que se produzcan agresiones que, en ocasiones, terminan con la vida de una mujer o dejan profundas secuelas en ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n

Difundidos el mismo d\u00eda por el \u00f3rgano persecutor, los dos casos recuerdan que la violencia de g\u00e9nero y el abuso sexual infantil no son episodios aislados que puedan quedar circunscritos a expedientes judiciales, sino problemas que requieren respuestas sostenidas de las familias, las comunidades y las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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